La independencia del Ministerio Público es una aspiración de cualquier sociedad democrática.
No es un secreto para nadie que el poder embriaga a muchos políticos, situación que los lleva a cometer excesos. Tampoco es un secreto que desde el poder se puede caer en mala práctica de utilizar el recurso de la justicia para destruir adversarios y crear desasosiego social e institucional.
La tentación es muy poderosa. Un político en ejercicio, con posibilidad de destruir adversarios y con pruebas mínimas, podría perfectamente utilizar el Ministerio Público para perpetuarse en el poder destruyendo las posibilidades de sus adversarios.
Ya lo vimos con anteriores autoridades. Quince fueron los implicados en el caso Odebrecht, mucha fue la alharaca oficial y ahora sabemos hasta dónde se implicó la Procuraduría General de la República con propios y extraños para dañar a cercanos y a lejanos, personas que, de acuerdo con los tribunales, nada tenían que ver con los sobornos pagados por la empresa brasileña.
En ese sentido, vale la pena que el Ministerio Público, principal responsable de la política criminal del Estado y de perseguir y enviar a los tribunales a quienes delinquen, sea un ente alejado de la política partidaria y hasta del control del poder ejecutivo.
El presidente Luis Abinader ha dicho, reiterado e insistido: no le interesa utilizar el Ministerio Público a su favor, como ha ocurrido en el pasado. Anteriores presidentes han utilizado el Ministerio Público para servirse, designado a políticos en ejercicio en la cabeza de ese organismo, y se sometió con frágiles argumentos a políticos desafectos.
La idea del presidente es quitarle poder al ejecutivo para que no haya oportunidad de abusar del poder del Ministerio Público.
Miriam Germán como cabeza del Ministerio Público en los últimos 4 años ha sido un ente de equilibrio, respeto, institucionalidad y ha recuperado la credibilidad del organismo. No ha actuado políticamente, y con su equipo ha realizado investigaciones apegadas a las leyes y a las normas profesionales.
Hay quienes rechazan la independencia del Ministerio Público por temor a que fiscales independientes se conviertan en adversarios de las instituciones democráticas, como ocurrió en Guatemala, que hasta el último momento impidieron la juramentación del presidente Bernardo Arévalo.
El esquema que propone el presidente Luis Abinader, de designación combinada entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Nacional de la Magistratura, luce práctico. Con inamovilidad de 4 años, salvo juicio político, y con un Consejo Superior del Ministerio Público que observe, investigue, regularice y mejore todas las funciones de esa instancia.
Hay quienes sospechan que un Ministerio Público independiente pone en riesgo a cualquier presidente de la República que abandone el poder, porque queda sujeto a sometimiento judicial, y podríamos caer en una situación parecida al Perú, en donde ningún presidente ha salido ileso frente a los organismos judiciales y del propio congreso.
Pese a esos temores, el presidente tiene razón en que el Poder Ejecutivo no designe, motu proprio, al Ministerio Público. Es necesario que se eviten las colindancias y amarres que bien pudieran poner en riesgo el equilibrio y la competencia de fuerzas políticas vivas de la democracia.
Valdría la pena que esa modificación se incluya en la Constitución, más allá de una simple declaración, como está ahora, que los presidentes suelen irrespetar.