La reciente información de Transparencia Internacional sobre el progreso de la República Dominicana en materia de percepción de la corrupción, es un progreso extraordinario en un tema en el que nuestro país solamente ascendía en el puntaje de corrupción en el mundo.

Al obtener una puntuación 32/100 nuestro país bajó cuatro puntos en el índice de percepción de corrupción. Es la primera vez en muchos años que este índice es favorable a la República Dominicana.

Sin embargo, peor que la corrupción es la impunidad y la percepción de impunidad.

Impunidad implica que los que cometen actos de corrupción saben que pueden seguir cometiéndolos porque no habrá quien los sancione, en ningún estamento del Estado.

Y quien puede garantizar la impunidad, en este contexto es la justicia, que es el organismo responsable de aplicar sanciones a los corruptos identificados por el Ministerio Público.

Todo el que ha vivido y visto lo que pasa en la República Dominicana sabe del esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público para poner en camino a ser condenados a los responsables de actos de corrupción.

El poder ejecutivo no ha salido en defensa de ningún imputado, y los fiscales han sido infranqueables para conseguir el enjuiciamiento y condena de los que entienden han cometido hechos delictivos con los fondos estatales.

El problema sigue siendo la decisión de los jueces. Antes se decía que la impunidad era posible porque los expedientes eran débiles, con escasas pruebas. Ahora se trata de que los expedientes tienen muchas pruebas.

Conseguir que un imputado, con miles de pruebas, vaya a juicio de fondo es casi una hazaña del Ministerio Público. Los tribunales actúan como si ellos carecieran de responsabilidad en la función que desempeñan, y como si su rol fuera proteger a los acusados de corrupción.

Estos temas han sido motivos de debates dentro y fuera del Ministerio Público. La justicia, los tribunales, los jueces, tienen la última palabra y asumen que su papel es garantizar la libertad de los imputados más que establecer justicia frente a los que corroen y dilapidan los fondos públicos.

No está descarriado Transparencia Internacional cuando asume que la impunidad es posible especialmente por la ausencia de tribunales que asuman el papel de sancionar a los corruptos.

Tal vez el país pudo avanzar muchísimo más en el índice de percepción de corrupción.

"Existe la inquietud entre la sociedad dominicana de que los tribunales no están a la altura de la gran demanda que existe en el país de avanzar en la lucha contra la corrupción y la criminalidad”.

Eso es lo que ha dicho Transparencia Internacional sobre un asunto crucial para la República Dominicana de hoy. Los fiscales tienen que dar la batalla contra los corruptos, contra sus aliados, y contra los tribunales que les pasan balance a los miembros del Ministerio Público como si fueran ellos los procesados.