El debido proceso, dicen los abogados y otros entendidos en temas jurídicos. La garantía que tienen los procesados de que los tribunales cumplan estrictamente con los procedimientos del derecho de defensa. Y el tiempo pasa.
Han pasado casi dos años desde el inicio del caso Coral. Inició en el mes de octubre del 2020 e involucró a funcionarios militares y civiles, que cometieron irregularidades, hurtos, apropiaciones, falsificaciones, se hicieron ricos -de acuerdo al Ministerio Público– manipulando nóminas y personal bajo su mando en varias instancias estatales.
Fue tanto lo que hicieron y lo que entre ellos mismos denunciaron, en franca colaboración con los investigadores, que al caso le nació un hijo denominado Coral 5G, y que sigue un curso paralelo al que ha llevado la magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y quien este lunes acaba de dictar su decisión de que los encartados sean llevados a juicio de fondo, al mismo tiempo que se mantengan las medidas de coerción que se dictaron en su contra.
Entre octubre del 2020 y julio del 2023 han pasado 33 meses para que un juzgado de instrucción dicte una medida de juicio de fondo. Habría que conocer a partir de cuándo comienza a correr la fecha para la extinción de este proceso, que no puede pasar más de cuatro años activo, sin que se haya producido una decisión final.
El proceso de instrucción resulta excesivamente largo en la manera en que los jueces están administrando justicia. Los jueces están siendo muy garantistas de los derechos de los encartados, y eso provoca una actuación desleal de los abogados que perciben que a sus defendidos no les queda otra opción que la postergación del proceso, hasta que se cumpla el plazo fatal para que haya justicia.
Es lo que ha estado ocurriendo con los demás casos, y muy especialmente en aquellos en que hay personajes influyentes y que fueron protagonistas ante la opinión pública, como el expediente conocido como Medusa, en el que se juzga al pasado procurador general de la República. El magistrado Amauri Martínez, que es muy correcto y garantista en la conducción de ese enorme expediente, ha decidido que hay que leer las 12 mil páginas, una por una, en el proceso de instrucción, lo que resulta en una verdadera exageración y una forma tonta de ganar tiempo en favor de los encartados en estos procesos.
Aspiran, esos abogados defensores, que el tiempo corra y la justicia gaste los cuatro años para ellos solicitar la extinción de la acusación. Es lamentable que los casos Antipulpo, Coral, Medusa, Falcón, 5G, Larva, Discovery, FM, Iguana, Caracol y finalmente Calamar, se extingan sin que los imputados puedan demostrar -como alegan- su inocencia, o sin que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad.
Siempre la explicación será justificada con la garantía que ofrece el debido proceso.