La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, acaba de presentar algunos datos relevantes de su gestión, entre el 2020 y el 2024, al frente del Ministerio Público. Ella y un equipo de profesionales y servidores públicos asumió la extraordinaria responsabilidad de revertir los daños causados en la anterior gestión a la cuestión de la ejecución de la Política Criminal del Estado, que es de su responsabilidad, conjuntamente con otras instancias públicas.
Miriam, que ha sido amenazada de muerte, hizo una labor extraordinaria, coordinando y poniendo en movimiento un equipo de profesionales competentes y honestos, encabezados por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, y Wilson Camacho, director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Sin embargo, con su temperamento sincero y honesto, sin venganzas ni abusos de poder, Miriam ha dicho este martes en su presentación de datos relevantes de su gestión, que "ni gané, ni perdí sólo me marcho tranquila”. Así debían actuar los funcionarios públicos, con criterio de responsabilidad y servicio, sin hacer trampas ni negocios, sin abusar del poder, sin atropellar a nadie, disponiendo transacciones particulares con los bienes incautados o negociando con políticos y subalternos. Miriam tenía la responsabilidad de recuperar la credibilidad del Ministerio Público y en su gestión lo consiguió.
Cuando inició su gestión, al ser juramentada junto a Yeni Berenice Reynoso, por el presidente Luis Abinader, Miriam Germán dice que el Ministerio Público estaba “cargado de muchos cuestionamientos que proyectaban hacia afuera un órgano carente de legitimidad y con tachas éticas que tuvieron como resultado procesos todavía en curso”.
Operaciones como Antipulpó, Medusa, Falcón, Coral y Coral 5G, Operación 13, Operación Larva, Calamar, Operación FM, Operación Discovery, Operación Iguana, Operación Cattleya, entre otras, que implicaron una profundización en las redes y mafias que ser sirvieron del Estado, principalmente, y que incluyeron tráfico de personas, lavado de activos, negocios de bienes públicos en beneficio de particulares. Todos esos procesos fueron investigados, documentados, presentados al poder judicial y algún día tendrán respuestas de los tribunales. Ahora dependen de la honorabilidad y responsabilidad de los jueces, y de los procedimientos que se utilicen para garantizar que no haya extinción por razones burocráticas.
El Ministerio Público se ha disciplinado internamente, se evalúa el desempeño de los fiscales, hay seguimiento y rigurosidad en el desempeño ético, pese a que algunos procesos nunca se iniciaron, como los casos de compra y pagos de asfalto, Diandino Peña y su gestión al frente de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Odebrecht 2.0, y el caso del INTRANT, que fue puesto en sus manos por la Dirección General de Compras y Contrataciones. Ya habrá oportunidad para que la Dirección de Persecución explique su desempeño en estos casos.
No podemos dejar de mencionar otras acciones del Ministerio Público, como la Operación KAF sobre tráfico ilícito de armas, Operación Frontera, sobre una red de trata de haitianos en la frontera, Operación Los Extraditables, contra una poderosa red de narcotráfico internacional que afectaba principalmente a los Países Bajos, Operación Gavilán, contra una red integrada por fiscales y empleados del Ministerio Público que eliminaba antecedentes penales, además de la llamada Operación Discovery 2.0, contra una red de maleantes en delitos cibernéticos que afectó a decenas de adultos mayores en los Estados Unidos. Incluyeron también las operaciones Búho, contra criminales falsificadores y ejecutivos de la Cooperativa de Ahorros y Créditos Herrera, y Colibrí, una red que falsificaba documentos públicos bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. También hubo las operaciones Caimán Fase II, de decomiso de 7 toneladas de cocaína en el sur del país, y Gaviota, contra una red que captó más de 3 mil millones de pesos a más de 4 mil víctimas.
Miriam Germán Brito termina en agosto su función de Procuradora General de la República. Es su deseo y su interés, y se marcha con el convencimiento del deber cumplido. La administración del presidente Luis Abinader ha de reconocer que su decisión, de entregar la independencia a una mujer de la dimensión de Miriam Germán fue un acierto, y que eso ha contribuido con el adelantamiento de la función pública, y con el respeto a la labor de una PGR empoderada y regida por principios y valores de honestidad y transparencia.