Los reportes de actos delincuenciales se han multiplicado. Las actividades violentas, que incluyen crímenes, asaltos, robos en variadas y creativas modalidades, parecieran estar copando toda la atención pública. También es creciente el reporte de personas desaparecidas, y en algunos casos se trata de actuaciones violentas no relacionadas con atracos o venganza, sino acciones demenciales o irracionales, que carecen de explicación lógica.
¿Habrá otros momentos, en el pasado, que repitan esta misma preocupación y repetición de actuaciones delictivas? Sí. Incluso, ha habido quienes relacionan la frecuencia de los actos criminales y delincuenciales con intereses para echar a un lado al director de la Policía Nacional o al ministro de Interior y Policía.
Precisamente Jesús Vásquez, el ministro de Interior y Policía puso en marcha una disposición hace dos semanas para reducir los horarios de expendio de alcoholes en los lugares donde se registra la mayor cantidad de actos de violencia. Se trató de una acción que busca reducir los incidentes y los robos, y que según los primeros resultados, la disposición fue correcta.
Sin embargo, los negocios de diversión, de expendio de bebidas alcohólicas, se han quejado de la decisión y han recurrido ante el Tribunal Superior Administrativo para que se derogue la suspensión, porque afecta los negocios y limita la libertad de diversión de los ciudadanos.
Es una contradicción para cualquier autoridad, como lo fue el Estado de Emergencia dispuesto por ley relacionado con la pandemia de Covid-19, y el consecuente toque de queda diario en todo el territorio nacional. Eso determinó el cierre de comercios de toda naturaleza. Quedaron abiertos los supermercados y las farmacias. Se trató de un caso de fuerza mayor y todo el mundo tuvo que adaptarse al cierre temporal.
Las autoridades se planteaban la misma pregunta ¿Qué es más importante: La salud o la economía? y resultó ser más importante la salud. Hasta que hubo vacunas y condiciones para retornar a la normalidad.
Frente a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas, en este momento de crecimiento de actos de violencia e inseguridad ciudadana, ¿qué es más importante: reducir la violencia social o garantizar la libertad de los expendedores de bebidas alcohólicas a continuar con sus negocios?
La decisión está tomada por el Ministerio de Interior y Policía. Reducir los horarios en aquellos lugares donde más violencia ocurre.
Sin embargo, volvemos a la pregunta original que a veces se plantea: para mortificar al ministro de Interior y Policía o para hacer saltar del puesto al director de la Policía, ¿es necesario matar, asaltar, crear pánico colectivo, sin parar mientes en las consecuencias de estas acciones?
¿Será que los asaltantes, motorizados o a pie, están seguros de la impunidad y actúan sin contemplaciones contra los ciudadanos, sin importar que las cámaras privadas graben sus actos?
Todo esto resulta difícil de saber. El ministerio de Interior y Policía necesita estudios focalizados y especializados de la naturaleza del crimen social. Necesita datos geolocalizados sobre el tipo de actividades delictivas que se reproduce. Hay que saber el vínculo de los crímenes con el consumo de drogas, o si los asaltantes y criminales utilizan drogas antes de cometer sus actos.
El ministerio de Interior y Policía debe empoderarse con profesionales de la antropología social, la sociología y la psicología para encontrar respuestas más asertivas y poner en marcha políticas públicas más inteligentes.
Interior y Policía ha actuado casi siempre con políticas públicas, y programas de acción, represivos, de endurecimiento de la circulación y la represión, con redadas, con mano dura, lo que viene a ser la típica política trujillista que todos los gobiernos han puesto en marcha. Los gobiernos se han negado a utilizar las ciencias sociales en la definición de políticas antidelincuenciales. Universidades, centros de estudios, Thinks tanks locales y regionales pueden ayudar a definir políticas públicas más eficaces dirigidas a controlar la delincuencia.
La otra cuestión es la experiencia de los países asiáticos, que han sido muy eficientes aplicando los avances tecnológicos en las acciones preventivas de la delincuencia, y en la persecución de todas las actuaciones irregulares, sin dejar en impunidad a nadie que haya cometido un delito.
Esto incluye utilizar las tecnologías en boga (4G y 5G) con aplicaciones inteligentes, de manejo de bases de datos, cámaras de alta definición, más cámaras de vigilancia en lugares de mucha circulación y en lugares oscuros, para detectar y perseguir los actos delictivos.
Es mucho lo que se puede conseguir trabajando tecnológicamente el concepto Ciudad Segura que los asiáticos han puesto en marcha, y que incluye dispositivos de conectividad en muchos lugares, incluyendo el transporte público, y la disponibilidad de cámaras para los agentes policiales en el cumplimiento de su deber.
El tema da para mucho más. Pero ahora necesitamos saber si lo que está en marcha es un real crecimiento de la delincuencia o una acción deliberada para hacer saltar al director de la Policía y al ministro de Interior.