El Consejo Nacional de la Magistratura ha estado sesionando en las últimas semanas, en el proceso de selección de los cinco magistrados que deberán completar el Tribunal Constitucional, por la salida en diciembre de los magistrados que fueron escogidos por un período de 12 años, encabezados por el doctor Milton Ray Guevara, presidente de esta alta corte.
Además de Ray Guevara, saldrán los magistrados Lino Vásquez, Rafael Díaz Filpo, Justo Pedro Castellanos y Víctor José Castellanos.
Han pasado 12 años desde el establecimiento del Tribunal Constitucional, y el país ha podido constatar la relevancia que tiene una corte constitucional fuera de la Suprema Corte de Justicia. Además de los notables errores cometidos, en este período los grupos políticos, empresariales y corporativos han descubierto la suculencia de tener influencia en esa alta corte para asegurarse acciones que les favorezcan, ya sea empujando propuestas con las que simpatizan o adoptando decisiones que entorpezcan intereses de sus adversarios.
El Consejo Nacional de la Magistratura debe evitar que los intereses cooperativos, políticos o de otra índole se impongan en la escogencia de los cinco magistrados a ser sustituidos. Ese cuidado debe primar muy especialmente en la designación de un nuevo presidente del Tribunal Constitucional, elección en la que debe tomarse en cuenta la ética y la responsabilidad moral, la competencia profesional, la independencia de criterio. Y, aunque la labor de la justicia no debe hacerse obedeciendo a las directrices del gobierno, tampoco debe el Poder Judicial operar como una fuerza de choque contra decisiones que puedan provenir del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo.
Más de cien profesionales del derecho y especialistas del constitucionalismo se han inscrito para ser considerados en la selección de las cinco vacantes. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solventes y éticamente responsables, deberán procurar separar la paja del grano en esta cuidadosa selección.
Entre un político constitucionalista y un abogado corporativo revestido de constitucionalista es mejor, siempre lo será, la selección del político y no del que se encumbra con la defensa de intereses grupales empresariales. A estos últimos, más que el debido proceso y el derecho o la Constitución, les importan los intereses de corporaciones. Y sus jefes empresariales, en aras de sus beneficios, quieren influir sobre las instituciones del Estado para fines particulares, cuando estas deben estar destinadas a defender los intereses colectivos.
Esa y no otra es la realidad. Milton Ray Guevara, presidente saliente del TC, ha expresado su preocupación por el hecho de que el máximo estamento jurisdiccional del país pueda convertirse en un órgano influenciado o controlado por grupos económicos, o por facciones, y que ello lo aleje de los principios que le tiene asignados la Constitución de la República.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha recomendado que los nuevos jueces del TC no sean necesariamente de carrera, y que el organismo constitucional no puede convertirse en una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia.
La Red de Observadores por la Institucionalidad, que integran varias organizaciones de la sociedad civil, ha dicho que el Consejo Nacional de la Magistratura debió publicar las objeciones que se hicieron a candidatos que finalmente fueron excluidos, y que la ciudadanía debió conocer el contenido de las objeciones.
Entendemos que los integrantes del CNM son personas con reconocida solvencia y gran juicio para conocer y determinar quién responde al país y quién responde a intereses particulares. Esa debe ser la gran tarea de los miembros del CNM.