La confianza es un elemento vital en la convivencia democrática, tanto entre las personas como entre personas e instituciones que están dedicadas a servir a los ciudadanos, como el Congreso, la Policía Nacional, la Presidencia de la República o la justicia.
Recordando al psiquiatra e intelectual Antonio Zaglul, hay que admitir que el dominicano es “chivo” a la hora de depositar su confianza en personas e instituciones.
Y la Encuesta de Cultura Democrática del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha mostrado una gran duda de los dominicanos con la confianza a personas y a instituciones.
Los especialistas podrían tener cuestionamientos al método empleado para escoger la muestra, preparar el cuestionado o aplicar la encuesta. Todo se vale en una situación que recoge percepciones, y es posible que los que respondieron el cuestionario lo hicieran para “quedar bien” y que no entregaran lo que realmente piensan de lo que se les preguntó, sino lo que ellos quieren que los demás sepan de lo que ellos piensan, y no realmente lo que sienten.
Dice el resultado que 7 de cada 10 dominicanos confían poco o nada en la mayoría de las personas. Un dato muy contundente para confirmar la hipótesis del doctor Antonio Zaglul.
En su explicación, el documento indica que “el grueso de la ciudadanía dominicana desconfía de la mayoría de las personas. En las sociedades de baja confianza social como la dominicana y las latinoamericanas, la población alberga expectativas negativas sobre el comportamiento de los demás. La cautela e incertidumbre características de la interacción social en estos contextos inhibe la eclosión de un sentido de pertenencia fuerte a la comunidad política, dificultando el establecimiento de dinámicas cooperativas más allá de las fronteras de los grupos primarios. En consecuencia, la coordinación de preferencias políticas individuales se genera alrededor de grupos familiares o partidarios y no hacia la colectividad”.
Donde se complica la cuestión es con los resultados de la pregunta sobre la confianza en las instituciones públicas.
Ha habido una especie de luna de miel que sigue a los cambios de gobierno, lo que dispara la confianza política en las instituciones dirigidas por nuevos funcionarios. “Sin embargo, la frustración de las expectativas iniciales hace descender el indicador por debajo de los niveles mínimos previos. La desconfianza en las instituciones es estructural y acumulativa: no retorna a máximos anteriores, pero sí se va profundizando y alcanzado nuevos suelos”.
La Presidencia de la República es la institución en la que más confían los ciudadanos: 4 de cada 10 confían mucho o algo en el presidente. Instituciones clave como la Policía Nacional, los funcionarios del gobierno, congreso y senado o los partidos políticos, apenas merecen confianza en 2 de cada 10. Y esto es muy grave.
Las personas confían más en las instituciones sociales, comunitarias, y las iglesias, que en las instituciones públicas.
“El análisis de las informaciones recabadas por la ECD para un total de diez instituciones políticas, constata la baja confianza en las instancias democráticas nacionales. Con más de un tercio de la ciudadanía confiando «mucho» o «algo» en el trabajo que realizan el presidente (39.5%), la Junta Central Electoral (39.1%) y las Fuerzas Armadas (34.5%), son las instituciones que gozan de mayor prestigio en el país. En un segundo escalafón, entre las instituciones con más de un quinto de los dominicanos expresando una confianza alta o moderada hacia ellas, encontramos los Ayuntamientos (31.7%), la Procuraduría (28.5%), y los Tribunales de Justicia (27.2%). Por último, en el umbral del 20% se sitúan las instituciones cuyo funcionamiento despierta más recelos entre la población: Congreso y Senado (21.2%), la Policía Nacional (21.0%), altos funcionarios del gobierno (20.5%) y los partidos políticos (20.4%).
Son datos para ser analizados y ponderados en un contexto en el que es necesario fortalecer los lazos de los ciudadanos con las instituciones y con la democracia. Es importante que este documento del MEPyD sirva de referencia, o de consulta, para tender puentes, elaborar políticas pública, que amplíen la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y en las personas.