El lunes 6 de marzo el presidente Luis Abinader anunció la adopción de por lo menos 10 medidas para evitar el traspaso de la inflación a los productos y servicios que necesita y adquiere la mayor parte de la sociedad dominicana. La gran preocupación del gobierno dominicano sigue siendo la población en las escalas más bajas, particularmente en la parte de alimentación, educación y servicios de transporte.
El Gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha ofrecido informaciones y declaraciones que confirman el control de la inflación y al mismo tiempo lo que él denomina la resiliencia de la economía dominicana. El funcionario pone delante lo que identifica como alto crecimiento de la economía, la recuperación del mercado laboral, los elevados niveles de reservas del Banco Central, y la reducida inflación, elementos que protegen y ayudarán la capacidad de resiliencia de la economía dominicana.
Hay, sin embargo, un aspecto que deberá tomarse en cuenta: El índice de inflación afecta especialmente a las clases medias. Habría que estudiar en particular los precios de los artículos de consumo de los sectores medios y altos, en los que el apoyo del gobierno resulta mínimo o poco visible. En los sectores medios es donde se realiza el mayor esfuerzo, por ejemplo, para impulsar la industria inmobiliaria, en la que se ha registrado un incremento de precios de los materiales, como el cemento, la madera, el plástico, los blocks, el acero, que los constructores estiman por encima del 30 por ciento.
Si es así, y si los sectores de clase media tienen poco apoyo oficial para hacer frente a los nuevos desafíos que trae la presente crisis, son muchas las familias que podrían estar quedando entrampadas en proyectos habitacionales encarecidos o paralizados como consecuencia de la inflación. Y la otra dificultad es que con el aumento de los precios de las viviendas, son muchos los proyectos que dejan de ser accesibles para sectores que ya iban de camino a comprar un apartamento, que contrajeron un compromiso en el sector financiero, y que se podrían quedar a mitad de camino.
El gobierno dispuso medidas para reducir el impacto de los altos precios del petróleo en el transporte público, y también adoptó medidas para beneficiar a los productores agropecuarios, y adoptó medidas para eliminar los impuestos de modo temporal a las materias primas que inciden en la canasta básica. Sin embargo, lo que sigue pasando en la industria de la construcción es que la inflación se transfiere directamente a los constructores, y de ellos a los adquirentes, lo que eleva los compromisos financieros que deben firmar para poder adquirir una vivienda propia.
Y se entiende que viene un aumento de las tasas de interés para todos los préstamos, lo que encarece el dinero disponible.
Los planificadores oficiales, los miembros del Gabinete Económico que ya pensaron las medidas para proteger a los más pobres deben seguir ideando nuevas disposiciones que hagan más llevadera esta crisis para los sectores de clase media. No es mucho pedir ante la gravedad de la situación. Algunos gestos convienen y resultan alentadores en medio de tanta incertidumbre, aunque también estamos convencidos de que las finanzas públicas tienen límites.