Este martes el país celebra del Día del Poder Judicial. Con las instituciones judiciales, y con los jueces y departamentos que cumplen con su deber de administrar justicia con equidad, con respeto, con honestidad y sin servir a intereses espúreos, nosotros también celebramos el Día del Poder Judicial.
Esta fecha es también el momento para hacer un llamado a los administradores de justicia del país, para que evalúen bien sus decisiones, para que ponderen y analicen el sentido del trabajo que realizan, porque en general el poder judicial está más dedicado a garantizar la libertad de los imputados por caso de corrupción que establecer ejemplos al servicio de los intereses ciudadanos.
Hasta el momento el poder judicial ha sido responsable de despachar para sus casas a los más graves imputados de casos de corrupción, y a los procesos bien documentados con pruebas y testimonios, como el ejemplo del proceso seguido contra los responsables de los sobornos del caso Odebrecht.
Si bien es cierto que el Ministerio Público no hizo un trabajo concienzudo, ni se ocpó de indagar a profundidad como lo hicieron otros países, hay que entender que el poder judicial está en la obligación de presumir la inocencia de los imputados, hasta prueba en contrario, pero los indicios eran más que contundentes para establecer -como lo hicieron otros tribunales de justicia en muchas partes del mundo- que había suficiente evidencia para decidir cargos con responsabilidad.
Los demás casos que se han llevado, como resultado de las investigaciones del Ministerio Público a partir del 2020, han tenido un curso zigzagueante, administrados por tribunales y magistrados bastante consecuentes con las estrategias de los imputados para alcanzar la extinción penal sin tener que ver juzgado el fondo de sus casos.
Es lo que hemos visto y lo que el país ha tenido como testigo de las muchas decisiones irresponsables y cómplices de jueces y tribunales. Igualmente el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones equivocadas, con la declaratoria de inconstitucionalidad, sobre bases falsas, de la ley 10-15, que contenía la posibilidad de ampliar a cuatro años el período necesario para que sea invocada la extinción penal por los procesos judiciales del área penal. Con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 10-15, con un argumento mentiroso y de patrañas, se reduce a tres años el período para la extinción penal por los procesos de corrupción.
Por eso, y por muchas otras cuestiones, celebramos con cautela el Día del Poder Judicial, porque bajo la solemnidad de la Suprema Corte de Justicia se cuecen muchos procesos que debían tener algo de transparencia, y lamentablemente no lo tienen.