La asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación se inició en el 2013, como un compromiso del presidente Danilo Medina.
Los recursos fluyeron a partir de ese año, pero el Ministerio de Educación no estaba preparado para ejecutar un presupuesto tan alto, y todo cuanto se hizo fue promover las inversiones en infraestructuras, mejorando significativamente las edificaciones escolares, o construyéndolas en donde no existían, o las escuelas funcionaban en locales alquilados. Y aumentando el salario de los maestros.
El otro renglón en que se trabajó fue en el establecimiento del desayuno y el almuerzo escolar, fortaleciendo el Departamento de Bienestar Estudiantil, y realizando grandes compras, por miles de millones de pesos, como un elemento de refuerzo para que las familias enviaran sus hijos a la escuela. Así tendrían alimentación equilibrada garantizada.
Poco hicieron los ministros de Educación en la mejoría de la calidad de la enseñanza. Hubo muchos seminarios, congresos, talleres, estudios de actualización, compras de libros, almacenamiento de equipos tecnológicos y otras tantas inversiones de recursos que no han mejorado la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas.
El otro programa que se desarrolló fue el de alfabetización de adultos, con el objetivo de proclamar la eliminación del analfabetismo, y con ello el programa de continuidad educativa, que fue muy exitoso, reforzando a los recién alfabetizados en trabajos y tareas que los ponían a desarrollar actividades vinculadas con los nuevos aprendizajes.
Es cierto que los gobiernos del PLD maquillaron los datos, abultaron las inversiones en educación, para hacer creer que se estaba destinando el 4% del PIB para el sector educativo, cuando en realidad, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), se estaba desarrollando un plan paralelo de inversiones en varilla y cemento, como si se tratara de inversión en educación. Sin embargo, el gobierno del cambio llegó y no ha cumplido con su promesa de mejorar el sistema educativo público, ni ha mejorado la calidad de la educación, ni ha representado un cambio real en el área fundamental para el desarrollo del país. En política social la educación es un elemento de primer orden.
En esta administración dos ministros de Educación han asumido la conducción del sector oficial. Las bregas con los maestros les ha consumido parte de su tiempo. Los salarios de los maestros se llevan parte del dinero del 4% del PIB, y el sindicato de los maestros sigue recibiendo millones de pesos que oficialmente se descuenta a los profesores y a los empleados del área en el sector público para hacer más rico el sindicato de los maestros. Todo el dinero fluye a borbotones hacia las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Y la ADP tampoco se compromete con la calidad educativa. Ha sido y sigue siendo un obstáculo para cambiar el modelo existente.
No hay solución. Pero tampoco hay planes que se conozcan sobre la mejoría de la calidad de la enseñanza. Ángel Hernández, el ministro de Educación, sostuvo un encuentro este fin de semana con directores regionales para socializar acciones del ministerio bajo su mando para “garantizar la mejoría de la calidad de los aprendizajes y mejores condiciones para el personal de las escuelas”. Si a los maestros no les hablan de mejoría en sus condiciones de trabajo, tampoco se les puede hablar de calidad del trabajo que realizan. Esa es y ha sido la lógica de los maestros.
Se trata solo de palabras. Nada de acciones ni de compromiso, ni de un plan con pasos claros para mejorar la calidad. La calidad es solo un concepto, que se repite y se cocina como si todo el mundo lo entendiera.
Las pruebas siguen hablando de la baja calidad de la educación dominicana. ¿Quién tomará las decisiones que empujen al ministerio de Educación a ofrecer un cambio en el sistema de enseñanza?
Lamentablemente, no está a la vista. Y no parece que este compromiso con la calidad de la educación se pueda convertir en realidad. Por ahora.