El presidente de la República, Luis Abinader, dedicó este lunes la rueda de prensa La Semanal para presentar un proyecto de ley consensuado por la comisión designada por él para actualizar la legislación dominicana en materia de comunicación social y ejercicio del periodismo.
El periodista y abogado Namphi Rodríguez, especializado en legislación de prensa, fue el coordinador de la comisión, y con él participaron los juristas Hermógenes Acosta y Eric Raful, además del presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Henríquez, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, y periodistas como Elvira Lora y Edith Febles.
Las tres o cuatro comisiones anteriores, que se habían creado con el mismo propósito terminaban su labor, entregaban un informe al poder ejecutivo y el documento final se quedaba en los archivos del Palacio Nacional. El penúltimo informe lo entregó al entonces presidente de la República Leonel Fernández el coordinador de la comisión designada en ese gobierno, encabezada por el doctor Rafael Molina Morillo, fallecido hace 7 años.
Hubo siempre contradicciones entre los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios y los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, sobre aspectos vinculados con los derechos de los periodistas, la responsabilidad de las empresas, el rol correspondiente a cada uno, que impedían consensos, pero que en la actualidad han dejado de ser relevantes por el tremendo cambio que se ha producido en la industria general de la comunicación y con la irrupción de las redes sociales, con nuevos generadores independientes de contenidos, que han minado la base de sustentación económica de la empresa comunicativa.
El presidente de la República, Luis Abinader, designó la comisión, le autorizó a trabajar con independencia y a buscar el consenso para producir una ley moderna que supere especialmente el decreto-ley 6132, emitida por el Consejo de Estado en 1962, y la ley 1951 de la dictadura de Trujillo que creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
El gobierno asumió la propuesta presentada por la comisión, y el presidente declaró que no intervino ni por sí mismo ni a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Y no es que no le importe la característica de la propuesta, es que desea dotar al país de un régimen jurídico moderno sobre aspectos relacionados con la comunicación que hoy día no tienen respuestas, y que merecieran tener un régimen de protección de derechos y deberes, tanto para los productores y emisores de contenido como para los usuarios y potenciales víctimas de la comunicación falsa, parcialidad, mentirosa y maliciosa.
Tanto las palabras del presidente de la República como las del coordinador técnico de la comisión, merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. El presidente Abinader recomendó que el consultor jurídico, Antoliano Peralta, acuda el miércoles de la próxima semana con los miembros de la comisión a entregar el proyecto de ley a las cámaras legislativas. Y que hablen con los representantes de los bloques legislativos y los representantes de los partidos de oposición, para que la pieza, que es consensuada, reciba también el apoyo político. En dos años los miembros de la comisión debatieron la propuesta con sociedad civil y academias universitarias, y en ese sentido pareciera que todo marcharía bien.
Si aceptamos las palabras de Namphi Rodríguez, sobre la naturaleza de la actualización legal que se estaría haciendo en la República Dominicana, estamos ante un modelo legislativo que podría servir de paradigma para todos los países de América Latina, en donde hay discusión sobre la actualización en esta materia, que también es motivo de debate en la Unesco y en otros organismos internacionales, así como en países desarrollados.
La propuesta debe ser estudiada, luego de que se entreguen copias a los medios de comunicación, y si pudiera mejorar en algunos aspectos, que sea mejorada, y que se incorporen las actualizaciones derivadas de las sentencias emitidas en esta materia por el Tribunal Constitucional, algunas de las cuales tienen suficiente sustento jurídico, como la eliminación de la responsabilidad en cascada o el establecimiento de que no existe el llamado derecho al olvido en la legislación dominicana.
También acogemos como una propuesta válida la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), como órgano responsable de administrar los aspectos relacionados con la ley que se sugiere, y la despenalización de los delitos de prensa relacionados con los funcionarios públicos. Felicitamos a los miembros de la comisión redactora de la propuesta y felicitamos al gobierno por facilitar la actualización de un instrumento legal de gran importancia para nuestro devenir.