Pasaron 50 años desde la desaparición del joven dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, en Santiago de Chile, como consecuencia de la represión desatada por los militares que dieron el golpe de Estado al gobierno legítimo del presidente Salvador Allende.
Es ahora, en el mes de noviembre, cuando la justicia chilena, emite una sentencia condenatoria contra los militares, miembros de la Fuerza Aérea, que apresaron, confinaron, torturaron, quemaron y asesinaron al joven dominicano, de apenas 25 años, Blanco Castillo, hijo del destacado abogado dominicano Ramón Andrés Blanco Fernández.
La familia de Juan Andrés Blanco Castillo nunca cesó en sus reclamos a las autoridades chilenas. La embajada de la República Dominicana en Chile, tanto en la gestión del doctor Rubén Silié, como en la actual gestión de Fausto Liz, hicieron el esfuerzo que correspondía para que el caso no desfalleciera en los tribunales.
Las autoridades de Chile hicieron un seguimiento documental y testimonial de lo ocurrido con el joven dominicano desaparecido. La sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, presidida por el juez Max Cancino Cancino, ordena la indemnización de la familia del desaparecido, tanto su padre Ramón Andrés Blanco Fernández, como un hermano.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 1973, en la ciudad de Villa Alemana, tras el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Juan Andrés había llegado desde Unión Soviética a Chile, y su apresamiento se produjo sin la comisión de ningún delito. Una de las últimas personas en verle con vida fue la dominicana Elsa Peña, ciudad de Homero Hernández, quien se encontraba en el exilio en Santiago de Chile, de donde tuvo que salir por el golpe contra el presidente Salvador Allende.
"En el fallo (causa rol 53.046-2009), el ministro Cancino Cancino condenó a Ernesto Leonardo Huber von Appen, Wilfredo Hernán Zepeda Iturriaga, Víctor Orlando Rey Ringele, Jaime Miguel Urdangarín Romero, Arístides Alejandro León Calffas y German Patricio Valdivia Keller a 15 años de presidio, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas", indica la decisión judicial.
Lo importante de este documento, publicado por Acento y tomado del portal de la Universidad de Valparaíso, es que ofrece información sobre la detención, el confinamiento, las torturas y da pie a entender el final de la vida de Juan Andrés, circunstancias desconocidas hasta hace poco tiempo.
Han tardado 50 años las autoridades chilenas para ofrecer un mínimo resarcimiento a la República Dominicana y a la familia de Juan Andrés. Esto es altamente positivo, porque confirma que la impunidad en materia criminal es difícil de conseguir, aún cuando quienes cometen los crímenes son militares con poder y consentimiento para matar.
Los responsables del crimen se amparaban en una agrupación de inteligencia militar, jerarquizada y disciplinada, denominada Servicio de Inteligencia Ancla 2, perteneciente a la Comandancia de la Aviación Naval, que operó activamente a partir del 11 de septiembre de 1973. La sentencia dice lo siguiente:
"En un día no precisado del mes de octubre de 1973, Juan Andrés Blanco Castillo fue retirado desde el Cuartel de la Policía de Investigaciones de Quilpué por el grupo de inteligencia antes mencionado, siendo trasladado hasta la Subcomisaría de Carabineros de Quilpué, encontrándose la víctima gravemente lesionada a consecuencia de las quemaduras ocasionadas en su cuerpo. Debido al reclamo que el Jefe de esa Subcomisaría expresara al mando de la Comandancia Naval por el estado de salud de la víctima, esta fue retirada desde ese lugar por funcionarios del grupo de inteligencia, con dirección desconocida y sin que se tengan noticias de su paradero hasta la fecha”.
No puede haber crimen sin castigo.