En Francia se está debatiendo introducir en la constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en francés IVG. Con ello el país emblemático de los derechos humanos le está mandando un mensaje simbólico al mundo entero.
El pasado 1 de febrero, luego de la aprobación por la Camara de Diputados, el Senado francés, en su mayoría de derecha, aprobó un texto modificado en que se reconoce que el derecho al aborto es “un componente de la libertad de la mujer”. Tomó su decisión basándose en el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano donde reza que “la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a los demás”.
Uno se puede preguntar por qué en un país de por sí favorable al aborto desde la aprobación, hace casi cincuenta años, de la Ley Veil en 1975, se expresa hoy en día la necesidad de inscribir este derecho en la Constitución. Es que la historia demuestra que nunca hay suficientes garantías de los derechos humanos.
Sin lugar a duda se trata de una medida protectora destinada a la conservación de un derecho ganado después de muchas luchas de las mujeres y la sociedad francesas y que prevé posibles futuras vicisitudes políticas como fruto de la oleada conservadora.
Si se toma en cuenta los recientes y drásticos cambios de legislación que reducen los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en numerosos países, desde los Estados Unidos hasta Polonia y Hungría, es cierto que la colocación de este derecho en la Constitución francesa hace más difícil su abrogación o modificación.
Si bien sectores feministas hubieran preferido otra redacción, el texto aprobado por el Senado representa una garantía en un mundo de turbulencias.
Aquí, nuestro camino es inverso y en una de estas próximas mañanas corremos el riesgo de despertarnos con la aprobación de un “moderno” y nuevo Código Penal que restringe aun más los derechos de la mujer, incluso más que en ciertos países musulmanes conocidos por su radicalismo y que, sin embargo, reconocen las tres causales.
En la República dominicana del Cambio no se lucha para que la mujer tenga la posibilidad de ser dueña de su cuerpo, para que tenga la posibilidad de escoger su suerte o que no tenga que recurrir a métodos medievales en caso de necesidad. Luchamos, entre otros objetivos básicos, para que una mujer no muera en un embarazo de alto riesgo o que no nazca un bebé con malformaciones.
Las tres causales no están en la ley y pretenden hacernos creer que estamos ante el dilema de sacrificar los derechos sexuales y reproductivos o posponer la aprobación de un nuevo Código Penal indispensable para un mejor funcionamiento de la justicia.
Ni las promesas de campaña del entonces candidato a la presidencia, Luis Abinader, ni el hecho que las mujeres son mayoría en el padrón electoral, ni la imagen de país moderno que queremos vender al mundo son argumentos suficientes para que el patriarcado machista dominicano se sacuda.
Que no se preocupen los que están a favor de negar todos derechos sexuales y reproductivos a nuestras adolescentes y mujeres, no son los que ayudarán a Fátima, de 14 años embarazada y con SIDA, a dar a luz a su criatura.
No se asusten, esta niña esta tan alienada como tantas otros miles de adolescentes y mujeres que viven en la extrema pobreza que nunca pensarán en recurrir al aborto, pero al menos reconozcan a la mujer el derecho y la libertad de escoger.