La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo han elaborado un reglamento para grabar los servicios streaming de Internet y los servicios ofrecidos por aplicaciones que generan grandes ganancias y montos de operaciones considerables, especialmente con plataformas como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otras, y que escapan al pago de los impuestos nacionales.
La consulta se inició y son muchas las consideraciones que pudieran hacerse sobre este asunto. ¿Deben estas plataformas convocar ellas mismas al gobierno y expresar su disposición de pagar los impuestos? ¿Debe el gobierno tomar la iniciativa para evitar que las extraordinarias ventajas comparativas que tienen estos servicios digitales representan un atentado a los negocios locales establecidos, y por tanto también cobrar impuestos?
El interés del gobierno es cobrar el ITBIS. Y su propuesta es cobrarlo en el origen de los servicios, es decir a las plataformas, y no a los usuarios.
La cuestión sería si un cobro de impuestos a estos servicios deriva en un aumento de los precios mensuales de Netflix, Uber, Amazon o cualquier otro de ellos.
La economía digital es una realidad en todo el mundo. No solamente por la existencia de diversas variantes de monedas digitales, sino porque instituciones bien establecidas, como las entidades financieras, realizan ya cerca del 80 por ciento de sus operaciones de forma digital, lo que representa un gran ahorro de personal, infraestructura y muchos otros costos que han ido disminuyendo.
Las entidades financieras pagan todos sus impuestos. Las personas al realizan transacciones financieras, pagan todos sus impuestos. Una transferencia de dólares entre Estados Unidos y República Dominicana paga sus impuestos. ¿Por qué razón Netflix, que cobra sus servicios en dólares, y está ampliamente expandida en territorio dominicano, no paga impuestos?
Las nuevas tecnologías han facilitado la elusión impositiva, y ya son muchos los gobiernos que han podido comenzar a cobrar impuestos a estos conocidos y ya populares servicios. Lo que se necesita es actualización legislativa y tecnología eficiente para detectar y controlar, localmente, las operaciones de estas empresas.
Son muchas las distorsiones que la economía digital ha introducido en el mercado. Pero además, como consecuencia de la competencia desleal, ha mermado la actividad económica de las empresas que cotizan al Estado, y esto ha representado una merma en las recaudaciones fiscales. La solución no es cobrar más impuestos a los que ya los pagan, sino ser inclusivos, y cobrar impuestos a los servicios que se auxilian en las nuevas tecnologías para no pagar los impuestos.
Los datos son abrumadores, pero elusivos. Hay más de 4 mil millones de usuarios web, 2 mil millones de páginas web, se envían más de 150 mil millones de correos, Google recibe más de 4 mil millones de búsquedas, existen más de 3 millones de post en blogs alrededor del mundo, más de 400 millones de tuits escritos, más de 4 mil millones de videos subidos a Youtube y más de 47 millones de fotografías subidas a Instagram. Todo esto en un solo día, según un informe de febrero de 2019 de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Administración Tributaria de Argentina.
La conectividad es un derecho universal. Los usuarios de los servicios digitales tienen solución a muchos temas que antes complicaban sus vidas. La economía digital es una realidad en la economía real dominicana. Y hace falta ser más incluyentes en el acceso a los servicios de digitales.
El tema planteado por la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo apenas comienza a discutirse. El país debe poner atención a la economía subterránea que se mueve por la vía digital. El país invierte muchos recursos en ciberseguridad y protección de la bigdata nacional. Servicios tan obvios y expandidos como los que han sido señalados deben incluirse entre los que están obligados a cotizar a la economía estatal. La recaudación estatal es la que permite hacer frente a las grandes desigualdades y deuda social que ha ha mantenido y aún se mantiene como parte de la desigualdad que imperado en nuestra economía.