La amenaza que ha revedlo el ministro de Educación, Angel Hernández, no debe tomarse a la ligera.
Todo el mundo admite que ya son muchos los intereses cruzados que existen en torno al presupuesto del Ministerio de Educación, y que cada año reúne el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.
El papelito recibido por el ministro indica que los enojados perpetradores estarían interesados en “darle un tiro al chinito”, porque ha puesto en cuestionamiento contratos que han dejado pingues beneficios a los que se sienten afectados.
Y los contratistas tienen más de cinco años con sus negocios. El presupuesto del 4 por ciento inició en el 2013.
Además de auditorías a cargo de la Cámara de Cuentas, el ministerio de Educación realiza investigaciones sobre algunos acuerdos y licitaciones que no resultan transparentes.
Por ejemplo, que un accionista de una empresa editora de libros digitales sea al mismo tiempo chofer de carro público, y que sea autor de un libro de texto por el que el Estado estaría pagando millones de pesos.
Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, tiene toda la razón cuando ha pedido más explicaciones al ministro Angel Hernández.
En esta administración, el pasado 6 de junio de este año, fue asesinado en su despacho el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fueron entre 6 y 7 disparos en la cara y otras partes del cuerpo que recibió el ministro.
Si alguien se ha sentido con la capacidad de repetir esa hazaña, y ha preparado las condiciones para “darle un tiro al chinito”, debe saber que las investigaciones serán profundas, y hasta podrían llegar al autor del panfletillo.
Entregar la denuncia al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) fue una decisión inapropiada. Ese departamento trabaja con el tema de la seguridad del Estado. Quien dirige la política criminal del país es el Ministerio Público, y hasta allí debió el ministro Hernández entregar su denuncia, para que con el rigor legal y del manejo de las pruebas procediera con una investigación que concluya en sometimiento y apresamiento de los responsables del atentado criminal.
Las autoridades deben tomar el caso Medio Ambiente como un elemento agravante y profundizar y tratar de dar con el responsable de la intención criminal.
Es un caso serio, y no debe tratarse con la consabida superficialidad con que se manejan asuntos serios del Estado. Ojalá se proceda y se encuentren conclusiones.