El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes la imposición de sanciones contra los grupos de delincuentes armados que imponen el terror al pueblo haitiano y que actúan de manera impune frente a la debilidad de la policía, del ejército y del propio gobierno de Haití.
Las sanciones incluyen prohibir venta de armas a los civiles, el impedimento de viajar al exterior a los líderes de las bandas armadas, y la congelación de sus cuentas bancarias.
La ONU ha resaltado como un hecho importante que esta resolución se aprobó a unanimidad por los quince miembros del Consejo de Seguridad, lo que incluye a los integrantes permanentes Rusia y China, que antes expresaron sus reservas a esta propuesta sustentada por Estados Unidos y México.
Si con esta medida se pretende que las peligrosas bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras ciudades de Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU comete un error.
La historia enseña, sobre todo en las Américas, que las sanciones económicas y diplomáticas, por fuertes que parezcan, no doblegan el pulso a gobiernos, a grupos paramilitares ni al crimen organizado.
Los sustentadores de esta propuesta se han adelantado a decir, sobre todo la representación del gobierno de Estados Unidos, que solo se trata de un primer paso para tratar de buscar salida a la grave crisis de Haití.
Que nadie se llame a engaño. Para las bandas criminales poco importa que les vendan armas por las vías legales, los delincuentes viven al margen de la ley, y es seguro que se suplen a través del tráfico ilegal de armas.
Asimismo, el impedimento de tener cuentas de bancos no frenará a los líderes de las bandas.
Si alguna esperanza se pudiera tener sobre los resultados de lo adoptado por la ONU ha de ser mínima.