Esta nota se escribe para sensibilizar y llamar la atención de las siguientes instituciones:
La Suprema Corte de Justicia
El Ministerio Público
Las Alcaldías del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santiago, La Vega, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Mao y Moca
Grupos empresariales del país
Y se trata de lo siguiente: El país cuenta con 9 Casas Comunitarias de Justicia y una oficina que las coordina, que están a punto de cerrar sus puertas por falta de apoyo. Esas casas, en 15 años han atendido a más de medio millón de personas, y han solucionado miles de problemas comunitarios antes de que se convirtieran en conflictos judiciales, o en tragedias familiares o personales.
Esas casas, aplicando los métodos alternativos de conflictos, han ahorrado cientos o miles de millones de pesos al Estado Dominicano. Cada mes reciben más de 4 mil personas, y les buscan soluciones alternativas a los problemas que les agobian, logran acuerdos, reducen la criminalidad y bajan de forma extraordinaria los conflictos vivenciales.
El trabajo que realizan es casi voluntario, porque el personal brinda un servicio altamente positivo. A los usuarios de las Casas Comunitarias de Justicia no se les cobra absolutamente nada por el servicio. Hasta apoyo psicológico se brinda o se refiere a otro centro cuando el caso lo amerita.
Ese proyecto lo inició Participación Ciudadana hace 15 años, con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
La Suprema Corte de Justicia le brindó apoyo temporal. El Ministerio Público también decidió ofrecerle apoyo. Se firmaron pactos con los ayuntamientos de los municipios donde se han abierto y operan Casas Comunitarias de Justicia.
Pese a la relevancia de este trabajo, reconocido por todos los que conocen la trascendencia que tiene, ya no tienen apoyo. Muchas promesas si se han hecho, pero ninguna se concreta. El personal y los directivos de Las Casas Comunitarias de Justicia acordaron reducirse un 20% de sus magros salarios. Tienen solicitudes de varios municipios que no pueden atender, donde les reclaman instalar Casas Comunitarias de Justicia.
Además de su trabajo de solución alterna de conflictos, las Casas Comunitarias de Justicia llevan a cabo actividades de educación ciudadana. Ellos les llaman actividades de articulación. Trabajan en barrios carenciados, donde hay violencia y pobreza y conflictos.
El presupuesto anual de las Casas Comunitarias de Justicia es de 36 millones de pesos, para las 9 casas y la oficina coordinadora en Santo Domingo.
Estamos hablando de 3 millones de pesos al mes. Con eso pueden mantener las casa actuales, sin crecer.
Ese monto se puede obtener con una colecta entre la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público, las Alcaldías del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Oeste, y en caso de que sea posible, hasta la Presidencia de la República podría hacer un aporte. Las Casas Comunitarias de Justicia son un soporte para los departamentos judiciales, para el Ministerio Público y para las alcaldías. Pero ninguno de ellos las siente como propia. Es una actividad transversal, que beneficia a todos, pero que deja en el desamparo a los que hacen el trabajo.
Una institución como las Casas Comunitarias de Justicia no debe cerrar. Sería una tragedia el cierre de esta institución. Si se calcula en dólares, estamos hablando de 630 mil dólares por año por los servicios que ofrece.
El sector privado, por vía del CONEP o de la Asociación de Industrias, podría también aportar a una tarea tan noble y tan pacificadora como solucionar alternativamente los conflictos sociales en las comunidades antes de que lleguen al sistema de justicia.
Solicitamos encarecidamente apoyo para las Casas Comunitarias de Justicia, una entidad de trabajo social, de búsqueda de paz, de bien, que brinda un servicio realmente significativo en los barrios y sectores donde se realiza. Ojalá que los llamados a brindar apoyo nos escuchen.