El propósito supremo de todo Estado democrático, además de obtener el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, es salvar las vidas de estos cuando pudiera ocurrir alguna circunstancia que las ponga en peligro.
Los Estados Laicos, como el dominicano, se eximen de la cuestión religiosa y las concepciones teológicas, para que las normas de vida y convivencia de los ciudadanos se rijan por la igualdad y la vigencia de derechos igualitarios.
La decisión personal de cada quien, sobre cómo llevar su fe y los requisitos de los pastores, obispos, escuelas, universidades y entidades de formación y prácticas religiosas corresponden en lo individual a cada uno, sin afectar ni restringir la libertad y la vida de los demás. En este caso se aplica el principio de Benito Juárez, de que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
La Policía Nacional, entidad del Estado encargada de proteger a los ciudadanos de los riesgos de la delincuencia y de las violaciones a la ley, jamás puede atentar contra la vida de quienes debe defender. Si utilizan un arma es con autorización oficial para proteger a los ciudadanos, nunca para agredirlos. Sólo en caso de riesgo para cualquier otro ciudadano, y para el mismo agente policial, está permitido el uso del arma de fuego.
En nuestro país los agentes policiales tienen el convencimiento de que están autorizados a violar la ley, porque son autoridades, y de que su arma de fuego es para agredir y matar en cualquier circunstancia. Por eso es común que mueran personas acusadas de delincuentes, sin que un tribunal los haya juzgado, o personas que han cometido un delito y son perseguidas, pero antes de entregarlas al Ministerio Público, para procesarlas en un tribunal ordinario, la policía dispara y las asesina. Los agentes creen que eso es lo correcto.
La Policía Nacional tiene que ser educada con un concepto distinto del entrenamiento y la formación que reciben hoy día. Deben ser educados como miembros de un cuerpo civil responsable de proteger a los ciudadanos.
Duele, resulta terriblemente indignante que el niño Donaly Joel Martínez Tejada haya sido asesinado en Santiago, cuando el agente policial que lo asesinó debió ser su protector.
La impresión que queda en la sociedad es que los agentes policiales salen a las calles a buscarse la vida, a conseguir recursos a cualquier precio, y no a proteger a las personas. Algunos crímenes que se han cometido resultan colectivos, como el caso del asesinato de Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, una pareja de esposos acribillados en Villa Altagracia el 31 de marzo del 2021.
Ojalá que la dirección de la Policía Nacional entienda que debe ocuparse de la formación de los agentes policiales que salen a “proteger la vida de los ciudadanos, y la propiedad privada”, y evitar que tengan la tentación de usar indiscriminadamente las armas que les son colocadas en su poder.
Ningún agente policial sin formación debe salir a las calles. La Policía Nacional sigue teniendo una imagen muy deteriorada, y más con algunas confesiones de oficiales, en el sentido de que la Policía Nacional también se ocupa de detener ciudadanos y acusarlos, y si no tienen nada que los incrimine se los pueden agregar los propios agentes. Una verdadera barbaridad y una salvajada inadmisible en una administración de gobierno que se precia de decente y transparente.
Otra lección importante, que resulta una obviedad, es que este país necesita poner en práctica la educación sexual en las escuelas. Las jóvenes, estudiantes, generalmente adolescentes, inician la actividad sexual muy temprano. Se forman en las redes sociales, en las páginas de pornografía que abundan gratuitamente en Internet, con los jóvenes compañeros que se adelantan en la actividad sexual sin recibir ningún tipo de orientación.
Y los responsables de ello no son los padres y madres de familia. Los responsables son los grupos religiosos, católicos y protestantes, los grupos de la derecha, que intentan que la sociedad siga practicando la costumbre del avestruz de esconder la cabeza cuando se encuentra ante un riesgo inminente. Rechazan y han rechazado militantemente la educación sexual porque entienden que es una forma de práctica temprana de la sexualidad, como si estudiar medicina es una forma temprana de aprender a matar y no a salvar vidas.
El caso de Esmeralda Richiez, asesinada por el profesor John Kelly Martínez, es más que elocuente para que las jóvenes, adolescentes, niños y niñas, para protegerse de los agresores, incluyendo a los que tienen dentro del grupo familiar, escolar, eclesial, a través de la enseñanza integral que reciban de educación sexual que les ayudará a evitar embarazos indeseados, violaciones sexuales, agresiones de adultos con poder, abusos de poder, y cualquier otro riesgo al que se ponen por el solo hecho de ser niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Y por ser pobres. Por no tener padrinos. Y por tener autoridades, legisladores, que aprueban leyes que restringen sus derechos y las colocan en la boca del lobo todos los días.