Según el Banco Mundial, la inclusión financiera es un elemento facilitador esencial para reducir la pobreza y promover la prosperidad. En el período comprendido entre el 2011 y 2017 se ha logrado la inclusión financiera para 1,200 millones de personas. Gracias a una política muy agresiva de países como China, India y Brasil, se ha permitido a muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) y personas físicas que puedan cobrar con tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR, códigos de barra y transferencias, de una manera eficiente, barata y segura.
De acuerdo con entendidos del mundo de la inclusión financiera y el sector de pagos digitales, preocupa que en la República Dominicana se introdujera para vistas públicas una norma general que obligaría a las empresas intermediarias entre la entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y los negocios donde los tarjetahabientes o consumidores finales adquieren bienes o servicios, administradores de sistemas de pagos, entidades de pagos electrónicos y agregadores de pagos a retener a las PYMES, MIPYMES y personas físicas hasta un 19% del total de las ventas realizadas con tarjetas.
Esta iniciativa choca frontalmente con las sugerencias de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en su documento titulado MIPYMES en América Latina, donde explica que más del 95% de todas las empresas clasifican como PYMES y MIPYMES y además generan cerca del 70% de todos los empleos.
Específicamente la CEPAL menciona, como el gran reto, poder ayudar a las PYMES y MIPYMES a formalizarlas de una manera expedita, simple y barata, y que en ningún caso afecte, contraproducentemente, el funcionamiento que ya hoy tienen.
En la eventualidad de que se impusiera la retención del 19% a las PYMES y MIPYMES informales, las estaría impactando desproporcionalmente y en una forma muy negativa. Dichos negocios, no sólo perderán las ventas con tarjetas, si no que, adicionalmente, perderían toda posibilidad de poder tener acceso a créditos bancarios a tasas razonables, por lo que comprarían menos inventario, afectando a la vez a sus suplidores. Por otro lado, afectar a los suplidores también afectaría a todas las instituciones financieras que emiten tarjetas de crédito, débito y prepagas, las cuales verían sus consumos significativamente afectados.
De acuerdo a la teoría del profesor John Sterman, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), un efecto como el anteriormente explicado causaría un “reinforcing loop” negativo, provocando más PYMES que quiebren por la retención del 19%, y habría menos negocios que recibieran pagos con tarjetas, menos personas no bancarizadas, que optarían por abrir monederos digitales, menos personas del sector más vulnerable tendrían acceso al sistema bancario, menos personas saldrían de la pobreza, creando más indigencia y así afectando el crecimiento económico del país.
Corresponde entrar en la tecnología, con más sistemas de pagos digitales, y con menos limitaciones para estimular la formalización de las actividades informales. Ningún país civilizado cobra doble tributación, y ya es posible comprobar que en China, la India, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, entre muchos países, no existe una retención similar al 19%, como se está promoviendo en la República Dominicana.
De los pocos países que han hecho reformas tributarias para hacer una retención en la fuente con ventas por tarjetas, se incluyen el 1.5% por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el 1.5% por el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Inquieta, y por ello resulta ineludible la pregunta: ¿Por qué imitar a los países en dificultades políticas cuando podríamos emular a los países que lo están haciendo bien?