El Ministerio de Trabajo hace bien en promover una resolución que dispone regularizar el trabajo doméstico.
Fue una promesa de esta administración y se trata de un acto de justicia social pospuesto durante varias décadas.
El trabajo doméstico es una rémora del régimen de semi esclavitud, en que los señores propietarios utilizaban al personal bajo su control para los trabajos de atención en la hacienda, en el hogar, para facilitar las vidas de las señoras, de los hijos y favorecer al propio señor propietario. Incluyendo sus urgencias sexuales. Es parte de la historia
Isabel Allende, escritora chilena, retrata una parte de ese régimen en esta isla caribeña en su histórica y atractiva novela “La Isla bajo el mar”. Pero la libertad llegó, con la liberación o con la huida, y el régimen no pudo sostenerse, porque los colonizadores, esclavistas y explotadores se vieron forzados a abandonar sus haciendas y sus propiedades, incluyendo a las personas. Casi siempre negros y negras.
Esa rémora subsiste todavía en América Latina y muy especialmente en sociedades con profundas desigualdades.
El trabajo doméstico lo realizan las mujeres más pobres y marginadas. Abandonan sus casas marcadas por la estrechez y el hacinamiento, por la pobreza y las carencias, y se trasladan al trabajo en casas de personas con posibilidades de pagar un precario salario, sin horario, sin contrato laboral, sin las mínimas condiciones de garantías, de vacaciones, de derecho al descanso o de cesantía.
Muchas familias utilizan el trabajo doméstico como una solución para que los miembros del hogar de clase media trabajen fuera de casa y generen ingresos, que vienen a alimentar los ingresos familiares con los que se elevan las condiciones de vida. Y se paga un salario posible a una empleada doméstica, dominicana o haitiana.
La trabajadora doméstica deja su hogar, deja a sus hijos e hijas, deja a su marido, deja su hábitat y se marcha a resolver los problemas de limpieza de otro hogar, a cocinar, lavar, planchar, a limpiar ventanas, pasar trapos húmedos por la decoración, preparar el café, servir la mesa, atender el teléfono, cuidar los animales, atender a los enfermos y cuidar el hogar -en el más amplio sentido de la palabra- que han puesto en sus manos. Esa es la realidad silente.
Sí, las mujeres de clases medias las contratan porque las necesitan. Algunas tienen que llevar uniformes, llevar y traer los hijos de la familia que asisten a la escuela, poner pañales, limpiar los bebés, sacar a los animales a pasean para hacer sus necesidades, además de cuidar el jardín, proteger las flores, echar fuera la basura, entre muchas otras tareas. Habrá quienes les asignen hasta tareas técnicas, como asuntos de plomería o electricidad. Todo es posible en ese ambiente de oscuridad y silencio en el contrato laboral de palabra.
En los países desarrollados no existe el trabajo doméstico, salvo para las personas muy ricas que pueden pagarlo por hora, regulado, con ciertas condiciones y limitado a algunas áreas, porque hay cosas que solo las deben hacer los que las gozan, como tener y cuidar animales domésticos o cuidar y proteger la jardinería. Son trabajos especializados que deben realizarlos otras personas o empresas, con calificación y vocación para ello.
Está muy bien que el ministro Luis Miguel Decamps se haya comprometido a empujar un consenso alrededor de esta norma sobre el trabajo doméstico. Es un acto de justicia. Es una forma de avanzar hacia un estadio de más libertad y justicia. Una manera de incorporar derechos. Decamps ha dicho que no se está incluyendo en la reglamentación nada que no esté incluido en las leyes y reglamentos laborales dominicanos. No se están creando obligaciones nuevas para los hogares. Se están creando condiciones para que un número aproximado de 260 mil mujeres pobres y marginadas mejoren sus condiciones de vida.
También se crean las condiciones para cerrar espacio al trabajo infantil disfrazado de trabajo doméstico, para evitar la discriminación laboral y un conjunto de injusticias que pudieran aparecer disfrazados de ayudas, así como poniendo las normas para hacer desaparecer el trabajo forzoso en la República Dominicana.
Celebramos la decisión. Felicitamos al Ministerio de Trabajo, al ministro Luis Miguel Decamps y al gobierno del presidente Abinader por asumir la protección de un sector invisibilizado, marginado, mal pagado y atropellado, que pareciera no tener derecho a una vida más digna y justa, como los demás seres humanos.
La nueva norma deberá aprobarse, y los hogares podrán seguir existiendo, mejorando sus condiciones de vida, cada quien cumpliendo las responsabilidades asignadas, e incorporando un poquito más a los hombres al trabajo del hogar. La nueva masculinidad debe estar presente en este complejo tema de ampliar la justicia y la equidad también dentro del hogar.