La democracia es el mejor sistema político conocido hasta este momento. Los modelos políticos autoritarios no resisten un análisis, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha.

El proceso democrático arrastra muchas deficiencias, desigualdades, malformaciones, conflictos de intereses, desajustes que carecen de solución, pero no hay otro modelo que lo sustituya ni que mejore las condiciones del ejercicio político, social, económico, de los ciudadanos.

Uno de los problemas de la democracia es su estricto apego a los procedimientos de juzgamiento de los ciudadanos que delinquen. La presunción de inocencia hay que garantizarla, igual que el llamado debido proceso. Todo el mundo es inocente hasta que haya una decisión judicial irrevocablemente juzgada.

En la democracia los criminales confesos más horribles y abominables tienen derecho a la defensa, y a justificar sus actuaciones, y a que los jueces determinen los grados de responsabilidad que tienen estos criminales.

Algunos modelos democráticos son más estrictos que otros en las sanciones a delitos graves. Estados Unidos, por ejemplo, en su política exterior es muy estricto en las sanciones hacia fuera contra el terrorismo y el narcotráfico. Y hasta emite evaluaciones y valoraciones anuales de los países que cooperan y los que no con su concepto de sanción del terrorismo y el narcotráfico.

China es muy estricta sancionando la corrupción. Aplica la pena de muerte fácilmente. Pero en la República Popular China no hay un régimen democrático, sino un socialismo muy adaptado a las condiciones y a la cultura del gigante oriental.

Ecuador está pasando en este momento por una crisis, y su recién estrenado presidente, Daniel Noboa, ha declarado el Estado de sitio, y ha enfrentado los secuestros masivos y una conspiración montada por bandas de narcotraficantes. Al parecer estamos ante un país que fue muy tolerante con los narcotraficantes, y ahora se habla de narcogenerales. El riesgo democrático es ostensible. El narcoestado llegó a lo más profundo. Es la gran sorpresa para Daniel Noboa y su equipo.

Colombia pasó por momentos difíciles, especialmente por una combinación de narcotraficantes poderosos y violentos con movimientos guerrilleros que llevaban más de 60 años activos. Hubo procesos de paz y Colombia ha reducido fuertemente la violencia y el narcotráfico, pese a que tiene como presidente a un ex líder guerrillero, Gustavo Petro.

México sufrió uno de los embates violentos más cruentos de toda América Latina. Sigue padeciendo. Hubo pactos y rupturas con los carteles de las drogas. Y todo se fue al carajo cuando los narcotraficantes entendieron que los políticos los habían engañados. Pusieron en riesgo la seguridad del país. México aún no se recupera del lastre violento de los carteles de drogas.

República Dominicana está rodeada de países que están en serias crisis, comenzando por nuestro vecino más cercano, Haití, que no tiene solución a la vista a sus serios problemas de seguridad, de falta de institucionalidad y de ausencia de mecanismos democráticos para emprender su desarrollo.

Cuba, luego de 65 años de revolución, sobrevive en precarias condiciones, sin adaptarse a la realidad de un mundo diferente, con una profundad improductividad, carencia de empleos, de negocios, de exportaciones, sin libertad política, sin elecciones democráticas, y con una deuda que resulta difícil de pagar, y casi sin crédito internacional.

Puerto Rico, dependiente de los Estados Unidos, ha ido profundizando la crisis de su modelo de Estado Libre Asociado, y tiene una población dividida entre la estadidad o la independencia. Además de que sus problemas económicos se agravan, sin posibilidad de decisión al margen del Congreso de los Estados Unidos, o del gobierno federal.

Venezuela, el país más rico del continente por sus reservas petroleras, se ha hundido en una crisis sin solución, y ha expulsado más de 6 millones de ciudadanos en los últimos años. Con un sistema electoral precario, sin credibilidad, y una gobernanza seriamente cuestionada.

Nicaragua ha recaído en una dictadura salvaje y violenta. Carece de solución democrática, salvo que un nuevo movimiento político rescate de las garras del orteguismo esa sufrida nación centroamericana.

El Salvador está gobernado por el autoritarismo de Nayib Bukele, con violencia, con un pacto con las bandas ha perseguido al movimiento popular de ese país, ha entronizado el militarismo y el autoritarismo como supuesto salvamento de la base democrática, está violando la Constitución y está imponiendo la reelección que estaba prohibida. Además de que ha perseguido el periodismo democrático y serio, y diarios completos han tenido que irse al exilio.

Guatemala sufre las consecuencias de que bandas delincuenciales han estado en el poder en ese país. Las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo han tratado de ser obstaculizadas. La toma de posesión del nuevo presidente se ha convertido en un serio desafío democrático. Y cuando asuma el poder el próximo domingo 14, tendrá que tratar de recomponer la política en ese país para que no le den un golpe de Estado, como han intentado hacer antes de que llegara la toma de posesión.

Bolivia, Perú, Argentina, Brasil son países de América del sur que han vivido momentos traumáticos, golpes de Estado, violaciones a la Constitución, elecciones frustradas y fraudulentas, gobiernos efímeros, y aún se sostienen con precariedades políticas y con extremismos puestos en marcha, que no sabemos cómo podrían terminar. El caso argentino resulta más que emblemático y preocupante. Está ahora con un gobierno ultra, en el que el insulto y el irrespeto es la norma de cada día. El trabajo de los contrapesos se dificulta ampliamente.

La República Dominicana debe ser estricta en su posicionamiento democrático, en su defensa del modelo escogido y adoptado en nuestra Constitución. Los narcotraficantes, lavadores de activos y personeros criminales que se juzguen, sean legisladores, dirigentes políticos, empresarios, obispos, periodistas, tienen que ser procesados y juzgados con el debido proceso, pero sancionados como manda la ley. Es una forma de defender el modelo político. Los partidos están obligados a proteger sus marcas de los ladrones y narcotraficantes. Todo procesado judicialmente por corrupción debe tener un impedimento para ser candidato y ocupar posiciones en el Estado, si resulta culpable de las imputaciones. La impunidad debe ser perseguida y sancionada, en cualquiera de sus manifestaciones. Y eso requiere de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sean idóneos, independientes, democráticos y éticos. Solo eso, y estaremos en condiciones de no correr los riesgos democráticos de nuestros vecinos.