El debate sobre la privatización, por vía del fideicomiso, se ha convertido en un obstáculo para muchos de los procesos que tiene por delante el gobierno del presidente Luis Abinader.
La ley de fideicomiso 189-11 fue aprobada en la administración del Partido de la Liberación Dominicana. Varios fideicomisos se lanzaron entonces, siendo el más conocido y el de mayor dimensión el de la Red Vial, de administración de peajes y condicionamiento de carreteras. Otro fideicomiso, de característica social fue el de Ciudad Juan Bosch, en el que el Estado dispuso de los terrenos y las obras de infraestructura social, dejando al sector privado la construcción de las viviendas y la comercialización de las mismas, entregando un bono del valor parcial de los terrenos a los adquirentes de los apartamentos.
Sin embargo, pese al entusiasmo con que las nuevas autoridades asumieron una iniciativa de la pasada administración, los ataques a las propuestas de fideicomisos han sido constantes, arteros en algunos casos, y con cambio de criterio en otros. El fideicomiso más controversial ha sido el de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Los cuestionamientos van dirigidos a erosionar la capacidad del gobierno para disponer las medidas de administración, y de incursión del sector privado en una obra que se convirtió en la más costosa de cuantas ha realizado el Estado Dominicano, y probablemente la que entraña la corrupción más elevado y corrosiva de la institucionalidad del país.
Abogados, economistas, líderes políticos, comunicadores, ingenieros han creado una especie de círculo repetitivo dirigido a desmontar los fideicomisos que el gobierno ha lanzado. La ofensiva ha sido de tal magnitud que el presidente Luis Abinader, para calmar los ánimos, luego de aclarar varias veces que no hay procesos de privatización ni entrega del patrimonio público al sector privado, dispuso que el tema sea discutido en el Consejo Económico y Social, donde las cosas marchan a una lentitud reconocida.
Independientemente de las buenas intenciones del gobierno, y del interés en poner sobre la marcha mecanismos transparentes, ausentes de corrupción en la administración pública, los eufemismos, las distorsiones y manipulaciones, han ganado tanto espacio que el plan gubernamental ha tenido que ponerse en remojo. Por más discusiones, deliberaciones y recomendaciones que haga el CES, no podrá hacer nada nuevo de lo que ya propuso el gobierno. Habría que educar a la sociedad sobre lo que significa el fideicomiso.
El fideicomiso es un concepto abstracto. El Estado dispone de una propiedad, unos terrenos, unas obras viales, un aeropuerto, y los coloca en manos de un instrumento de administración, en el que podrían participar, si colocan dinero, otros actores. No es el Estado el administrador. El Estado recibirá los resultados, las utilidades cuando las haya. El fideicomiso es un instrumento de administración transparente y eficiente de bienes públicos.
Algunos abogados han dicho que el Estado no puede despojarse de una responsabilidad que le es consustancial, administrar la cosa pública. Otros han dicho que es preferible crear trust o compañías por acciones, para que las cosas sigan adelante, evitando esta nueva figura de fideicomiso, que sigue siendo, y lo seguirá siendo, aérea, inentendible a los ojos del ciudadano común. Por tanto, el tema es pasto de los oportunistas, que lo aprovechan para torpedear al gobierno y a los funcionarios responsables de poner en marcha estos instrumentos.
La Alianza Público Privada es una iniciativa de la pasada administración. Fue una ley promovida por el entonces ministro de Economía y Planificación, Juan Ariel Jiménez. Este gobierno la recibió y con entusiasmo ha querido ponerla en marcha. Entre los opositores a las alianzas público privadas se encuentran economistas, intelectuales, profesionales de la administración pública y los propios dirigentes del partido que la aprobó en el Congreso y en principio la puso en marcha antes de salid del poder.
El gobierno debe insistir en la transparencia, y en la protección y apego a la propiedad pública, en donde se gastaron y dilapidaron cientos de miles de millones de pesos, en el caso de Punta Catalina. No debe olvidar esclarecer lo relacionado con los costos, el contrato, el monto acordado y los aumentos que hubo en la construcción de la obra. Las auditorías financiera y técnica tienen que ofrecer información sobre Punta Catalina. Y el Ministerio Público actuar en consecuencia.
Y para que no se detenga lo que ya ha comenzado, el gobierno puede perfectamente dejar en manos del CES la discusión sobre el uso ideal del fideicomiso, pero no renunciar a la contratación de una empresa solvente, internacionalmente, para la administración de Punta Catalina. A futuro tomaría las decisiones sobre si acepta o no la presencia del sector privado, bajo la modalidad de inversión que se considere, sin dejar de lado el fideicomiso que ha traído tanto debate, pero que tampoco sea el único instrumento.
Finalmente, entendemos que el gobierno debe reducir su entusiasmo con el instrumento denominado fideicomiso. Con las decisiones que se han adoptado en esta administración por la transparencia y la honestidad, la modificación de la legislación para asegurar la rendición de cuenta, resulta bastante adecuado para que el gobierno siga adelante sin amarrarse al instrumento en debate, que por lo visto es un obstáculo y ahora es casi una maldición.