Este domingo 7 de enero se conmemoró el Día del Poder Judicial, y en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó algunos logros alcanzados y habló sobre las perspectivas de la justicia para los próximos 12 meses y más allá.
No es poco cosa la que conmemoramos. La justicia y su poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. Y de su eficiencia, independencia, transparencia e institucionalidad dependen todas las demás actividades en una sociedad democrática.
El Poder Judicial es también una fuente de control de los excesos del poder político y del poder legislativo. El Poder Judicial es quien pone sobre la marcha la rueda de las garantías del llamado y cacareado Estado de Derecho en una sociedad democrática. No es poca cosa la responsabilidad que tiene la Suprema Corte de Justicia en sus manos, como cabeza del Poder Judicial. Y como control administrativo y disciplinario de los organismos que integran ese poder.
Luis Henry Molina presentó este domingo un discurso optimista, autocomplaciente, que enfocó lo que considera las luces y ocultó, tanto como le fue posible, las sombras y opacidad que padece la sociedad con un Poder Judicial controlado, maniatado, subyugado por manos poderosas, no necesariamente políticas, pero sí de intereses privados que manipulan e inducen hacia senderos seriamente preocupantes.
La eliminación de la mora judicial es de gran satisfacción para el presidente de la SCJ. No entró en los detalles del contenido de las decisiones judiciales. Sí explicó los temas relacionados con el acceso de los ciudadanos a los organismos de justicia. No informó sobre la calidad y satisfacción los ciudadanos con ese acceso. Y también ponderó un tema que ha sido de importancia relevante para el doctor Luis Henry Molina: la digitalización de los procesos judiciales, como una herencia de la experiencia de la pandemia de Covid-19, y como una forma de resolver más rápidamente muchas de las situaciones que se presentan al Poder Judicial.
Podemos ser optimistas, como el presidente de la SCJ, y esperar que los miembros del Poder Judicial jueguen un rol institucional e independiente, y que sean ajenos a intereses particulares, empresariales, sin embargo, el país corre el riesgo de perder oportunidades y aumentar la seguridad jurídica, al tiempo de controlar los monopolios, como manda detenerlos e impedirlos la propia Constitución de la República, cuando no es el Estado Dominicano el beneficiario.
La corrupción en el Poder Judicial sigue siendo un pesado lastre. Cerrar los ojos ante esa riesgosa permanencia, de jueces que se colocan como militantes de intereses y realizan los rejuegos más estrambóticos para justificar decisiones absurdas y contrarias al Estado de Derecho y a los derechos que tienen los dominicanos y extranjeros, como personas y como entidades, para realizar en buena lid inversiones y emprender proyectos en suelo dominicano. que contribuyan con nuestro desarrollo.
De acuerdo con las palabras de Luis Henry Molina, el desafío del Poder Judicial es:
“Colocar República Dominicana a la delantera del crecimiento y el desarrollo en la región debe ser nuestra aspiración compartida, que lidera principalmente el Poder Ejecutivo y el sector empresarial. Sin embargo, hay mucho que el Poder Judicial puede aportar, como garante de la seguridad jurídica”.
Si de desarrollo y crecimiento se trata, los tribunales dominicanos -todos- deben ser orientados y vigilados, y analizados en esa lógica, para que no se desvíen y actúen como cada quien lo decida, sirviendo a un patrón oculto, que nada tiene que ver con esta idea del licenciado Luis Henry Molina, y menos del presidente Luis Abinader.
Es cierto, esto sí que resulta muy claro, que la seguridad jurídica, fundamental para el Estado de Derecho, “abarca no solo aspectos comerciales e inversiones, sino también derechos humanos, laborales, propiedad intelectual y la protección del medio ambiente y recursos naturales”.
Lamentablemente, más que decisiones judiciales razonadas de acuerdo con el mandato de las leyes y la Constitución, son muchas las sentencias que se emiten como resultados de negociaciones, presiones, conveniencias, con fuerte incidencias de personeros extrajudiciales, que no representan la idoneidad de la que ha hablado el presidente del Poder Judicial de la República Dominicana.