El grueso expediente del caso CALAMAR

Wilson Manuel Camacho, como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) es quien firma el documento acusatorio, de 3,662 páginas, contra las personas directamente involucradas en el expediente denominado Calamar.

La investigación es minuciosa, detallada, descriptiva hasta la saciedad, de cómo el “holding criminal” encabezado por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se apropió de por lo menos RD$41,185 millones de pesos, a través de diversos procedimientos fraudulentos, que involucraron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República, OISOE, el Banco de Reservas y otras entidades estatales.

El expediente fue entregado el 25 de abril al juez responsable de conocer de manera preliminar el caso, pero se ha dado a conocer este 16 de mayo, a tres días de las elecciones, y pareciera que habría relación entre una cosa y la otra, cuando en realidad debían quedar absolutamente separados.

Tantas páginas, que contienen pruebas, descripciones, revelaciones, admisiones de culpabilidad de muchos de los encartados, y cómo el mapa político y electoral era importante para tapar los robos que se describen, y que favorecen a personas con nombres y apellidos, representan un crimen de lesa humanidad contra la República Dominicana y contra la institucionalidad política, económica, administrativa y moral del país, y del gobierno que permitió que cosas como esas sucedieran.

Hay que esperar que pasen las elecciones para poder describir la naturaleza del expediente acusatorio, y razonar sobre la petición del Ministerio Público de mantener las medidas de coerción y proceder con la incautación de los bienes de los acusados, que incluyen el lavado de activo, porque cualquier profundización resultaría superficial a unas horas de acudir a las urnas.

La PEPCA ha hecho una gran investigación, ha recibido revelaciones, datos, y tiene procedimientos para evidenciar a una asociación de malhechores, una cofradía para delinquir abusando de los bienes públicos.

Razones habrá para determinar cómo la angurria perturbó el entendimiento de personas con suficientes bienes para vivir cómodamente toda su vida, y aprovechar las posiciones que tenían para robar dinero de un país en desarrollo, pero con desigualdad y pobreza, como si se viviera en tiempos de franca y abierta piratería.

Sería una insensatez pedir a todos los ciudadanos que lean el expediente, pero a los medios corresponde resumirlo. El Ministerio Público tendrá que responder preguntas, necesarias y que resultan de una mirada consciente a su propia descripción del cuadro de conductas humanas que allí se describen. Es un expediente extenso. Participación Ciudadana, como capítulo de Transparencia Internacional, haría un gran favor con un resumen ejecutivo de esta pieza, como ya ha hecho en otros casos similares..

Y no perdemos la oportunidad de dejar aquí unas cuantas anotaciones de la acusación en las páginas 38, 39, 40 y 41:

III. Características del holding criminal

1. Utilizaron el organigrama del Estado para crear la estructura criminal a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
2. Crearon un Programa de financiamiento de contratistas que le costó al Estado más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, en el que el total delos pagos presentan se elaboraron en violación a la ley y las reglamentaciones administrativas, sirviendo el referido programa para una mega operación de lavado de activos.
3. Falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular.
4. Constriñeron a empresarios a cederles parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado.
5. Utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
6. Adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados.
7. Accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45, 000 000.00 millones de pesos, sin ninguna garantía.
8. Falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido.
9. Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.
10. 10. Crearon necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares, que formaban parte de dicha organización criminal.
11. 11. Requerían a los titulares de los Ministerio y Direcciones Generales como el caso de Obras Públicas y la Oficina de Obras de Ingenieros Supervisores del Estado. La cabeza de la mafia gubernamental requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos.
12. 12. Crearon una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros. En ese sentido, se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado
13. 13.Formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales.
14. 14. Realizaban pagos millonarios sin cumplir mínimamente con los requisitos exigidos para los procedimientos de pagos. Emitieron pagos irregulares a personas que, al momento del decreto de expropiación, no tenían derechos registrados en la parcela expropiada.
15. 15.Emplearon manejos fraudulentos para distraer pagos de expropiaciones de terrenos sin acreditarse previamente la calidad de los reclamantes y con expedientes incompletos por ausencia de actas del estado civil, certificados de títulos y constancias anotadas, ausencia pago de impuestos sucesorales, entre otros.
16. 16. Las estructuras criminales constreñían a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago.
17. 17.Utilizaban la modalidad de las cesiones de créditos fraudulentas a favor de interpósitas personas que respondían a los intereses de los funcionarios públicos que intervinieron en los acuerdos transaccionales y autorizaban los pagos, como instrumento de retorno de las erogaciones con fondo del Estado a su favor.
18. 18. Simularon deudas basándose en la gestión del pago ante los propios funcionarios que formaban parte del entramado corrupto, sin ningún soporte.
19. 19. El ochenta por ciento (80%) de los montos pagados por deudas administrativas mediante las maniobras fraudulentas de las cesiones de crédito, recayeron en las mismas personas físicas y jurídicas que formaban parte del entramado de corrupción.
20. 20. Crearon empresas donde dieron por ciertas calidades de accionistas a personas que desconocían la existencia de su vinculación societaria con dichas empresas, las cuales fueron empleadas para recibir cesiones de crédito de parte de los supuestos herederos que tenían decreto de expropiación, así como también para la compra ilícita de terrenos.
21. 21. Utilizaron empresas de carpeta cuya única finalidad era la de cobrar los montos de las cesiones de crédito, las cuales fueron disueltas inmediatamente recibieron los fondos públicos, desfalcando al Estado dominicano.

El expediente contiene suficientes testimonios de protagonistas del fraude, en diversas áreas, que prueban las maniobras y la impunidad que tenían para actuar estos señores. Corresponde ahora a la justicia actuar, en nombre de la República Dominicana y su dignidad.