El 2023 es un año pro-electoral que nos debe poner a pensar en todas las implicaciones que traen los procesos electorales a nuestra democracia.

Es muy bueno que se acaba de registrar un avance en nuestro sistema electoral, con el Índice de Libertad Electoral por encima de países muy desarrollados, como Francia, España y los Estados Unidos, según Human Rights Foundation.

Eso no quita que reconozcamos que las elecciones son momentos estresantes del sistema político y del sistema institucional dominicano. En particular en los períodos en que hay procesos con reelección presidencial.

Las instituciones estatales, por más buenas intenciones que tenga el candidato reeleccionista, se vuelcan a favor del partido de gobierno. Lo ideal sería que eso no ocurra, no sólo por la equidad y el respeto al derecho de los fondos públicos, sino por las gravísimas distorsiones que esas inequidades implican.

Y no queremos desde ya acusar al partido de gobierno de intenciones abusivas con los recursos públicos. Se trata de empleados, funcionarios, dirigentes políticos que ejercen funciones públicas que creen que ese es el modo adecuado de actuar, porque es como lo han hecho todos los funcionarios y políticos que han tenido acceso al poder y que han estado activo en una campaña electoral reeleccionista.

Por otro lado está el tema del financiamiento ilegal, irregular, pernicioso de las campañas electorales de los partidos políticos por parte del sector privado.

Las elecciones se convierten en una oportunidad para que grupos del sector privado pongan dinero en la campaña para sacar ventajas del gobierno que resulte electo. Esa elección se consigue con los fondos que aportan empresarios y grupos empresariales.

Los fondos otorgados en las campañas por grupos empresariales se cobran con creces con la definición y adopción de políticas públicas a favor de los financiadores de las campañas electorales.

Pareciera que los políticos aprovechan al sector privado para obtener dinero en las campañas electorales. Esa es una versión. Lo que realmente ocurre es que los grupos privados aprovechan las campañas para definir las áreas que desean controlar en el gobierno, y buscan a los que manejan esas áreas, les entregan financiamiento privado, o lo hacen directamente con el candidato presidencial, y abiertamente piden que les permitan colocar a personas en posiciones en esas áreas. Es obvio que si el partido financiado gana las elecciones permitirá que los grupos privados designen funcionarios en las posiciones que desean.

Eso ha pasado siempre. Algunos presidentes han sido más flexibles que otros para permitir esas designaciones. Pero es así como ocurre.

Para que la democracia se fortalezca, para que haya más libertad electoral en los electores y en los elegidos, es necesario reducir la influencia de los grupos empresariales y los monopolios en los procesos de elección de candidatos. Es una forma de conseguir más libertad y más transparencia en la democracia dominicana.

Ojalá que podamos controlar el financiamiento privado de las campañas electorales. Y que los gastos de campaña se reduzcan, se controlen, se limiten. Y que el financiamiento sea solo público. O que se documente con seriedad y con claridad quiénes aportan y cuánto aportan en las campañas y a cuáles candidatos se les dona dinero.

Algunos grupos y monopolios son tan ambiciosos que ponen fondos en todos los candidatos, en particular en los que más posibilidades tienen de ganar una elección. Así garantizan su presencia y su influencia en la decisión de las públicas públicas.

Aunque no se haga para el 2024, será necesario reducir esta influencia para que las elecciones sean más libres, no en los electores que acuden a las urnas, sino en los elegidos que van a posiciones públicas y tienen posibilidad de emitir leyes y decretos.