La compra de aviones brasileños Tucano, en la administración del presidente Leonel Fernández, fue denunciada como una acción irregular por la presencia de sobornos pagados a funcionarios del Estado Dominicano.
La compra de los 8 aviones Tucano ocurrió en la última gestión de gobierno de Leonel Fernández. El presidente visitó Brasil, se montó en uno de los aviones y estimuló esa operación de compra para supuestamente combatir el narcotráfico.
El gobierno de los Estados Unidos ofrecía 10 aviones al Estado Dominicano, por un monto de 25 millones de dólares. Los Tucano costaron 93 millones de dólares. Una comisión de senadores trabajó el préstamo, y una comisión bicameral lo analizó y recomendó su aprobación. Reinaldo Pared, entonces presidente del Senado, amenazó con denunciar a los miembros de la comisión si posteriormente se descubría que había soborno, como se comentaba entonces.
La compra se llevó a cabo en la gestión del general Rafael Peña Antonio como ministro de Defensa. La Junta de Reserva Federal de Estados Unidos denunció a la empresa Embraer, brasileña, que cotiza en bolsa y la conminó a esclarecer la operación de compra de aviones por parte de la República Dominicana.
Embraer admitió el pago de sobornos, y sancionó a seis funcionarios de su empresa por haber pagado una cantidad de dinero aún indeterminada a funcionarios dominicanos y de otras naciones por compras irregulares de aviones.
La sanción contra Embraer fue de 205 millones de dólares. La nota dada a conocer en octubre de 2016 decía lo siguiente: “De acuerdo con la fiscal general adjunta estadounidense, Leslie Caldwell, Embraer hizo pagos irregulares a funcionarios de República Dominicana, Arabia Saudita y Mozambique, en tanto falseó datos sobre contratos en India”.
El proceso de persecución en la RD lo inició Francisco Domínguez Brito como Procurador General de la República. Rafael Peña Antonio había designado al oficial Carlos Piccini responsable de esa operación de compra. Piccini estuvo en prisión varios meses. Al final la empresa admitió haber pagado 3.5 millones de dólares en RD, de los cuales Piccini habría recibido 300 mil dólares.
Los únicos acusados en el país por esta operación de compra fueron el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor.
El poder judicial no ha podido concluir el proceso. Los abogados de los imputados acaban de solicitar esta semana la extinción penal por caducidad, como lo establece el código de procedimiento penal.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha dicho que las dilaciones en este proceso en un 90 % han sido provocadas por parte de las defensas. Es una fórmula conocida para solicitar la extinción a los cuatro años.
La empresa Embraer pagó una indemnización de 7 millones de dólares al Estado Dominicano. La acusación formal contra los imputados inició en el 2017. El 30 de mayo del 2022, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación anuló la sentencia absolutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Pero el 12 de junio del 2023 los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ordenaron la celebración de un nuevo juicio contra los implicados en este caso, partiendo de cero.
Resulta paradójico, como ha dicho la magistrada Mirna Ortiz, que los imputados, por vía de sus abogados, quieran ahora beneficiarse de una extinción por caducidad, como consecuencia de las dilaciones que ellos mismos provocaron.
Mirna Ortiz lo dijo de este modo: “los imputados no pueden pretender beneficiarse con una prerrogativa de la ley que es el vencimiento por el plazo máximo”. Muy claro. Antes a procedimientos como este le calificaban como “triquiñuela”.