Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (INTRANT), bajo la dirección de Hugo Beras, contrató a la empresa Transcore Latam para mejorar la semaforización de la ciudad capital, y disponer de un servicio tecnológico que permitiera la automatización y digitalización del servicio y ordenamiento del transporte terrestre en la ciudad.
Se detectaron irregularidades, muchas, y la Dirección General de Compras y Contrataciones identificó otras más, así como los defectos de la licitación, por lo que el director de INTRANT renunció y se inició una investigación del Ministerio Público, a mediados del pasado año.
Se entendía que los servicios de la empresa Transcore Latam habían terminado, pero luego el propietario de la misma, Jochy Gómez, previamente identificado por el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, dijo que mantenía un centro privado de administración y manejo del tránsito en la ciudad, así como controles por vía de drones en todo el territorio nacional.
En noviembre del pasado año, Carlos Balcácer, abogado de la empresa Transcore Latam, mostró un dispositivo con el que se podría afectar el tránsito en la ciudad capital, si el contrato era rescindido como habían propuesto los funcionarios de Compras y Contrataciones.
Balcácer recomendó a los ciudadanos salir temprano de sus hogares porque habría caos en las calles de la capital, debido que la jueza de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, rechazó un hábeas corpus preventivo de la compañía para continuar con el contrato con el Intrant.
Carlos Pimentel, director de la DGCC, anuló en noviembre del año pasado el contrato de INTRANT con Transcore Latam, y lo hizo diciendo que remitiría al Ministerio Público los hallazgos en la licitación para la adquisición de semáforos inteligentes, ante las graves irregularidades, que lo llevaron a anular ese contrato. La Procuraduría General de la República tendría en sus manos los hallazgos para que “se verifiquen las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudieran constituirse en indicios razonables de conductas de índole penal”.
Los propietarios de Transcore Latam procedieron con querellas penales contra Pimentel y contra Luis Soto, director del Departamento Nacional de Investigaciones, y otras acciones que ponían en evidencia una mayor irregularidad que la denunciada por Carlos Pimentel.
El presidente Abinader habló sobre el escándalo y dijo, con cautela, que «Este es un Gobierno que sus instituciones funcionan. Y en el caso, la Dirección de Compras y Contrataciones está funcionando. Yo dejo que las instituciones funciones, y esas instituciones permiten, cuando hayan instituciones que no cumplan las leyes, pues pueden funcionar y han funcionado. Yo no me entro en los detalles de ese y de otros (casos)».
Jochy Gómez, propietario de Transcore Latam, ha insistido en que tiene el control de los semáforos y que su empresa sigue haciendo el servicio. El pasado 28 de agosto emitió un mensaje por su cuenta de la red social X, en donde desafía nuevamente a la autoridad de Compras y Contrataciones:
¡Atención! Hace 9 meses se implementó un nuevo sistema desemáforosen el Distrito Nacional. Sin embargo,
@PimentelFCarlos, @comprasrd denunció públicamente que estos semáforos eran pintados y con tecnología obsoleta y falsa. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Por qué @INTRANT_RD sigue guardando silencio?
@YeniBerenice, es momento de tomar acción. Presenten la auditoría correspondiente @ContraloriaRD
y que se preparen a enfrentar las consecuencias, ya sea para los que difamaron o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo de los equipos ya está en el país exigiendo respuestas, y no dudará en retirarlos si no obtiene una respuesta satisfactoria
Las autoridades del Ministerio Público tienen la responsabilidad de la actuación en un caso como este. El tiempo transcurrido, de 9 meses, es suficiente para que haya una decisión.
Lo que la ciudad ha vivido en las últimas horas es un desafío desconcertante, en la práctica un acto de sabotaje a la organización del tránsito en el Distrito Nacional. Muchas vidas en quedado en riesgo, miles de horas se han perdido, miles de personas han quedado atrapadas en los tapones, y son cientos los semáforos apagados. La intención del apagado de los semáforos está relacionada con la demanda que hace el señor Jochy Gómez Canaan.
¿Es posible que una ciudad quede a expensas de un sabotaje, como el ocurrido, y que las autoridades guarden silencio, sin tomar acción, y se queden como si no fuera con ello, ante sus propios ojos?
Esta situación desborda la posible actuación del INTRANT, y entra en el orden de la Seguridad Nacional. Guardar silencio es la peor de las decisiones. Tomar acciones, en justicia y en base a los datos en poder del Ministerio Público, es lo que corresponde y lo aconsejable. No más dilación con el caso INTRANT y la empresa Transcore Latam.