El presidente Luis Abinader anunció un acuerdo, pactado por el gobierno con la empresa francesa VINCI Airports, para mantener durante 30 años más la concesión de los aeropuertos estatales bajo administración privada.
Como en el actual contrato, que data del año 1991, cuando gobernaba el presidente Leonel Fernández, a la empresa internacional le corresponde el control y remodelación de los aeropuertos bajo su responsabilidad. Se trata de una empresa grande, que opera en decenas de países, y que tiene operaciones anuales con alrededor de 200 millones de pasajeros.
VINCI, de origen francés, tiene una solvencia muy grande, especialmente en Europa, donde mantiene la mayor parte de sus operaciones.
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI es la empresa local que, en 1999 obtuvo la licitación para la administración y modernización aeroportuaria. Mónica Infante es la gerente principal local, en nombre de VINCI, y es muy probable que haya sido protagonista del proceso de negociación, con los comisionados por el presidente de la República, a la cabeza de los cuales estuvo Joel Santos, Ministro de la Presidencia, además de los probos ciudadanos Franklin Báez Brugal, Juan Lladó, Jorge Luis Polanco, Fernando Henríquez y el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio.
La decisión del gobierno de extender por 30 años el contrato, sin otra licitación, ya comienza a mencionarse como un error del equipo negociador. Es probable que una licitación internacional nueva, en la que pudiera participar VINCI Airports, hubiese aportado más beneficios al gobierno y al país, si tomamos en cuenta que la tendencia del negocio aeroportuario es de aumentar significativamente en los próximos años. Los negociadores optaron por el pago en efectivo en dólares y no por la responsabilidad de inversión del concesionario, como es común en este tipo de operaciones.
La pregunta es si ese dinero, que corresponde al desarrollo aeroportuario, no se lo estamos quitando a ese prometedor sector para entregarlo a la inversión gubernamental
De parte del presidente Abinader, uno de los argumentos expuesto es que Francia es un país aliado de República Dominicana, y que el gobierno francés coopera con el Estado dominicano. Por vía de consecuencia, el gobernante dominicano cree que no habría sido justo intentar buscar otros concesionarios e incluso dar lugar a diferencias que se dirimieran en el terreno de lo legal. Vistas así las cosas, parece razonable.
Hay quienes han dicho que había tiempo para seguir negociando, pues la concesión de 1999 vence en el 2030, y de aquí a ese momento restan aún siete años. ¿Por qué la prisa?
Es probable que el presidente haya querido adelantarse y aprovechar las ventajas de un acuerdo que le proporciona, de entrada, 775 millones de dólares, que se invertirán muy pronto, después que el Congreso Nacional, apruebe el contrato de extensión. No tenemos absolutamente ninguna duda sobre la solvencia ética de este acuerdo. Solo nos preguntamos sobre las oportunidades y los tiempos, en búsqueda de mejores beneficios para el país.
Habrá otros 830 millones de dólares para ampliación de la red aeroportuaria oficial, incluyendo 250 millones para duplicar la capacidad del AILA antes de 2034. Esperamos que se materialicen estos proyectos en el tiempo previsto sin ningún inconveniente.
Sin embargo, entre 2034 y 2060 habrá que hacer nuevas ampliaciones y arreglos a los aeropuertos estatales. ¿Con qué dinero se hará, si los montos comprometidos se entregarán en los primeros cinco años de la renovación?
El turismo dominicano seguirá creciendo, y será necesario ampliar la red aeroportuaria dominicana, la pública y la privada, porque ese es un servicio importante, vital, para que el turismo siga creciendo. Y sin duda es un buen negocio, por los resultados que tienen todas las empresas aeroportuarias que operan en el país.
La otra cuestión que deberá explicar el equipo negociador y el gobierno es ¿qué pasará con el tema de las tasas aeroportuarias, que en la concesión actual y que concluye en el 2030 están sujetas a la aprobación del gobierno? ¿Las nuevas tasas aeroportuarias, a partir del 2030, las seguirá decidiendo el gobierno o las decidirá la empresa propietaria de la concesión? Esas tasas extraen dinero del bolsillo de los viajeros.
Es tentadora la lista de obras que el gobierno hará en desarrollo urbano, tanto en Santo Domingo, el Distrito Nacional y varias provincias del país. VINCI entregará 775 millones de dólares. La pregunta es si ese dinero, que corresponde al desarrollo aeroportuario, no se lo estamos quitando a ese prometedor sector para entregarlo a la inversión gubernamental, que debe buscar los fondos procedentes de una reforma fiscal integral, para realizar las obras de infraestructura que demanda la sociedad.
Se ve muy bien el acuerdo anunciado por el presidente de la República. Sin embargo, la opción turística como motor del desarrollo necesitará una gran estructura aeroportuaria, con inversión, ampliación y modernización frecuente de los puntos de entrada de turistas al país. Esos fondos, los 775 millones de dólares que se invertirán ahora en obras de infraestructura, serán necesarios después, para cuando los aeropuertos de propiedad pública estén obsoletos.