La educación pública dominicana ha sido históricamente menospreciada. Gobiernos tras gobiernos se resistieron a hacer esfuerzos serios para mejorar la calidad de la educación. Y eso pasaba por mejorar la calidad de los maestros, adecentar la infraestructura educativa, facilitar uniformes, textos y metodologías adecuadas de trabajo a los estudiantes.
El país tuvo que ponerse de acuerdo, dejando de lado a los gobiernos, para reclamar el 4% del PIB para la educación inicial y media del país. Fue prácticamente unánime la demanda de mayor asignación de recursos para la educación. Desde el 2016 se aprobó la ley que incorporaba el 4% del PIB o el 16% del Presupuesto del año para la educación pública.
Se aprovechó el proceso electoral del 2012 parta firmar un pacto por la calidad de la educación, firmado por los dos candidatos presidenciales del momento: Hipólito Mejía y Danilo Medina. El presidente del momento era Leonel Fernández, quien se negaba a ejecutar la asignación porcentual de ley aprobada 4 años antes, y la ministra de educación era la académica Josefina Pimentel. La decisión era política y el presidente Fernández se negaba a ejecutarla bajo el alegato de que debía ser un proceso gradual y contar primero con un plan para saber qué hacer con la educación. No obstante, se debía cumplir con un mandato de ley que se aprobó durante uno de sus gobiernos.
Danilo Medina ganó las elecciones y cumplió el acuerdo conforme a la ley. Desde el presupuesto del 2013 se asignó el 4% del PIB para el sector educativo público. El Ministerio de Educación no estaba preparado para recibir tanto dinero, cubrir sus necesidades, y se abrieron dos caminos para invertir en educación: Obras de infraestructura, en manos de OISOE, y aumento salarial a los maestros, algo justo y necesario.
Con las inversiones en infraestructura ocurrió lo que nadie jamás imaginó. La corrupción, la dilapidación, los negocios particulares y los depredadores que sacaron beneficio del tráfico de influencias y los vínculos políticos. Todo esto llevó a una fiesta de construcciones de escuelas, reacondicionamientos, concursos amañados y miles de millones de pesos en solares y varilla y cemento que, en parte, ni siquiera eran necesarios. Esto sin mencionar la compra sobrevalorada de terrenos, que en muchos casos no estaban aptos para la construcción de las escuelas.
El sindicato de los maestros, que por estar vinculado al partido de gobierno de entonces, el PLD, hizo poco o nada en la lucha por el 4%, sí aprovechó la oportunidad y comenzó sus demandas salariales y negociaciones para garantizar la eternización del liderazgo de ADP en la dirección del gremio.
De los 28,452 millones de dólares que se invirtieron en educación pública, entre el 2013 y el 2023, las remuneraciones se llevaron el 59.19%. El siguiente renglón fue transferencias corrientes, con un 15.08 por ciento. Es decir, que los salarios de los maestros se han llevado el 60 por ciento de los fondos del 4% de la educación pública, sin hacer ningún compromiso de mejoría. Claro que, en principio, no se les iba a regatear a los educadores un justo aumento de salario y mejor condición de trabajo. Pero no se ha visto que la ADP se comprometa con la indispensable mejoría de la calidad docente, que tanto se ha reclamado para poder avanzar hacia mejores resultados.
Aún hoy el sindicato de maestros exige un nuevo aumento salarial del 20%. Para Lograrlo paraliza la docencia y presiona a las autoridades, que le aumentaron un 8% el salario a todos los maestros desde el primero de mayo. Se paraliza la docencia pese a que el sindicato se había comprometido a desistir de esa práctica tan dañina. Pero se aprovecha la coyuntura del proceso electoral para generar preocupación y doblarle el pulso al gobierno.
La lucha que la sociedad dominicana encabezó y reunió al país para dedicar recursos a la educación, para tener educación de calidad y mejorar las condiciones de vida del colectivo, no ha llenado el cometido, y los más afectados son los estudiantes de familias que no pueden pagarse una buena educación privada, que no cuentan con otra escuela que no sea la del sistema público.
Se trata de un sindicato politizado que juega a la política, aunque con ese proceder dañe a los alumnos y a sus familias.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) dio a conocer, antes del aumento del 8% al sector magisterial, que “más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación (MINERD) para 2024 será destinado a las nóminas de los empleados. Concretamente, RD$167,572 millones, es decir, el 56.4% del presupuesto en educación preuniversitaria se dirigirá a este gasto”. Con el aumento el porcentaje sobrepasaría el 60%.
Es CREES que ha dicho la magnitud del problema. “Desde el año 2013, cuando se acuerda destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la inversión en educación, hasta el 2023, el gasto en remuneraciones y contribuciones sociales para los empleados ha alcanzado RD$1,050,303 millones. Es decir, más de un billón (trillón, en inglés). La cifra representa el 59.2% del gasto total destinado a la educación preuniversitaria durante ese período”. Y el sindicato de maestros quiere más y para lograrlo, aprovechando el proceso electoral, paraliza la docencia.
Cada día que se detiene la docencia en las escuelas públicas el costo es de aproximadamente 750 millones de pesos. Si se paraliza por dos días serían más de 1,500 millones de pesos. La cuestión es que el sindicato paraliza la docencia a los necesitados, a los que no pueden pagar un colegio privado, porque la educación pública, pese al 4% del PIB, sigue siendo pasto de los depredadores.