No es conveniente para el Ministerio Público mantener ni profundizar el debate que coloca a los fiscales enfrentados a los jueces del sistema judicial dominicano, porque en el fondo ambos organismos se deterioran en su imagen y en la percepción que se ha creado la sociedad dominicana, que apoya el combate a la corrupción y la terminación de la impunidad dominicana.
Ese debate profundiza las diferencias entre jueces y fiscales. Y va dejando un sedimento de rabia e indignación entre jueces que, a la corta o a la larga, seguirán domando decisiones sobre las propuestas que formulan los fiscales luego de realizar intensas y profundas investigaciones sobre los casos de corrupción que han asumido.
Y no se trata solo de las declaraciones del director de la PEPCA, Wilson Camacho, sino de las consideraciones de otros fiscales, quienes han cuestionado otras decisiones de jueces en diversas jurisdicciones.
Luego de que la magistrada Yanibel Rivas variada las medidas de coerción a los imputados en el caso Antipulpo, Camacho expresó que “Este país es el único en el mundo en que el debido proceso y la lógica solamente aplican para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”.
También es cierto que hay antecedentes preocupantes en casos como Odebrecht, Los Tres Brazos, Tucano, y que las investigaciones y el esfuerzo del Ministerio Público se debilitan con medidas de coerción que flexibilizan el castigo a groseros casos con pruebas contundentes que evidencian actos de corrupción. Recientemente una jueza también modificó las medidas de coerción sobre los imputados en el caso Coral.
Los fiscales han sostenido que las decisiones de los jueces buscan presionar a los miembros del Ministerio Público para flexibilizar las investigaciones y contundencias de las pruebas que han ido obteniendo. Demostrar esa acusación podría resultar difícil, en las actuales circunstancias, debido a que los jueces también han adoptado decisiones favorables a las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público.
En procura de que este conflicto cese, y de que las declaraciones sigan lastimando la epidermis de los magistrados, incluyendo a los de la Suprema Corte de Justicia, haría falta que el Ministerio Público se replantee su estrategia, reflexione y se concentre en la presentación de los casos que tiene en sus manos, en procura de decisiones de jueces a los que se mantiene cuestionando.
Seguir con este conflicto no conviene a nadie. Perjudica la lucha contra la corrupción, que a nivel internacional celebró este viernes su día.