El gobierno del presidente Luis Abinader anunció medidas para contener los flujos migratorios desde Haití hacia la República Dominicana, y entre las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad asumió la responsabilidad de deportar cada semana 10 mil haitianos indocumentados.
De acuerdo con lo dicho en el documento dado a conocer la pasada semana, las deportaciones se harían respetando los derechos humanos, la dignidad de las personas y que se aplicaría la deportación a quienes se encontraran en condiciones irregulares, sin aprobación de los mecanismos de aceptación legal de extranjeros en el país.
La primera semana tuvo un fuerte impacto y se deportaron por lo menos 9,100 personas en condiciones irregulares, según las cifras oficiales. Las denuncias han puesto atención en la deportación de personas que tienen residencia regular en el país, también en las violaciones a los derechos humanos y la violencia utilizada por los inspectores de migración, ayudados por miembros de las unidades del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.
El gobierno ha atendido a denuncias de que hay muchos haitianos en el país. Los exagerados dicen que hay tres o cuatro millones. Los menos exagerados hablan de dos millones haitianos en el país. Pero las autoridades, en el censo del 2017, dijeron que son menos de 500 mil los haitianos que viven en territorio dominicano.
Hay una población estimada en 250 mil personas, que son descendientes de haitianos que nacieron y se insertaron en la República Dominicana, y que tienen derechos como ciudadanos dominicanos.
Ni el gobierno, ni los organismos internacionales han dicho cuántos haitianos sin documentación de inmigrantes regulares viven en la República Dominicana. Ese parece ser un secreto. Nos gustaría saber cuántos son los haitianos irregulares en el país, y cuántos son los que han recibido residencia, visados de permanencia, o los que tienen documentos vencidos. Es un tema por resolver.
Aprovechando las nuevas políticas de deportaciones, algunos grupos de ultraderecha, y que promueven el odio hacia los haitianos, han lanzado campañas de denuestos, racistas, denigrantes, de promoción del apartheid hacia esos migrantes. Con guaguas anunciadoras promueven que los dominicanos no hablen con los haitianos, no les brinden servicios, ni les compren, ni les alquilen casas, ni les brinden transporte o atención en salud. Como si el hecho de ser extranjeros los convirtiese en seres que no merece que no merecen ningún respeto.
También les piden a los migrantes haitianos que se marchen del país, antes de que se inicie la violencia. Esta misma semana han acudido al local del Movimiento sociocultural para los trabajadores Haitianos (MOSCTHA), en la zona de Villa Mella. Es una organización que tiene mas de 40 años de servicios a sus socios. El grupo ultraderechista que acudió al local de la entidad acosó, insultó y amenazó a quienes se encontraban en la oficinas.
Este acto, y otros que están ocurriendo en varios puntos del territorio nacional, especialmente en la zona de Bávaro y Punta Cana, representan un riesgo muy alto para las autoridades y para el país.
Estos grupos de provocadores, invocando un patriotismo que nunca han defendido ni protegido, salvo sobre la supuesta amenaza haitiana, están dispuestos a provocar una tragedia, y toda la responsabilidad recaerá sobre el gobierno y el Poder Ejecutivo, si no se hace valer la ley a tiempo.
El Ministerio de Interior y Policía debe detener a estos grupos, debe llevarlos al orden, impedir el acoso a organizaciones y a personas. La autoridad no puede ser sustituida, y los promotores del odio están sustituyendo a las autoridades. Eso no es posible ni se debe permitir. Tampoco es posible permitir las campañas racistas, de odio, de acoso y de persecución que hacen en las calles y en los barrios.
El gobierno es quien tiene la autoridad sobre el territorio nacional, y no puede permitir que grupos fascistas usurpen esa autoridad y dañen la imagen del país, que ha está siendo mal vista por las campañas que se auspician con racismo y semejanza con las campañas de los nazis contra los judíos, en la oscura etapa del nacionalsocialismo de Adolfo Hitler y sus políticas de exterminio.