Miguel Valera Montero es un gran abogado, con experiencia en los asuntos empresariales y jurídicos, y probablemente por esa razón fue seleccionado el 11 de diciembre por el Consejo Nacional de la Magistratura como miembro del Tribunal Constitucional.
La propuesta de su elección fue del presidente Danilo Medina, se dice que a petición de un gran grupo empresarial turístico de Punta Cana, y la votación ocurrió a unanimidad.
Miguel Valera Montero es socio fundador de la firma de abogados Decamps, Vásquez & Valera. El presidente Medina lo juramentó en el Palacio Nacional, y se entiende que desde entonces el magistrado Valera Montero se comporta como un juez independiente de los intereses que generalmente merodean alrededor del Tribunal Constitucional.
El licenciado Valera renunció como socio fundador de la firma de abogados ya mencionada. Pero tuvo una condición, como director legal del Grupo Puntacana, que él mismo admite en su declaración jurada de patrimonio. Con posterioridad ha mantenido vínculos con esa empresa, que a su vez empuja la aprobación de un acuerdo de preclearance o prechequeo con el gobierno de los Estados Unidos, y que favorece de manera exclusiva al Grupo Puntacana, a través del Aeropuerto Internacional de Puntacana, en detrimento de los demás aeropuertos que existen en el país, la mayoría de los cuales son estatales y están concesionados.
Hay que reconocer que Miguel Valera Montero fue director legal del Grupo Puntacana entre el 2004 y el 2007, precisamente en el momento en que el presidente de ese grupo, Frank Rainieri, inició las gestiones para obtener el acuerdo de prechequeo con los Estados Unidos.
Fue el gobierno dominicano que firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, en diciembre de 2016, para autorizar el llamado preclearance, exclusivamente en beneficio del Aeropuerto Internacional de Puntacana.
Eso no necesariamente obliga o condiciona al magistrado Miguel Valera Montero en la promoción de esa negociación, para que se haga oficial con la aprobación del Tribunal Constitucional.
Sin embargo, Miguel Valera Montero, además de miembro del Tribunal Constitucional, es secretario de una empresa, Neola Industries, que a su vez es accionista del Grupo Puntacana, que es nada más y nada menos que propietario del Aeropuerto Internacional de Puntacana, y que sería el gran beneficiario del acuerdo de preclearance con los Estados Unidos.
Claro, habría que decir que su presencia en esa empresa es un derecho que tiene. Cabe anotar que en su biografía en el Tribunal Constitucional, Miguel Valera Montero eliminó la referencia a su trabajo como abogado interno del Grupo Puntacana durante tres años, dato que sí aparecía en la página web de su oficina de abogados, pero que también, posteriormente, fue quitado de línea.
Lo que preguntamos es lo siguiente:
¿No es la independencia lo que debe regir la actuación de todo juez?
Los romanos decían que la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. ¿No es una deferencia ética que un secretario de una compañía de la familia Rainieri se inhiba en el Tribunal Constitucional al votar sobre un asunto de tanta relevancia para ese grupo familiar y empresarial?
La participación del magistrado Miguel Valera como abogado interno de Grupo Puntacana, y luego como secretario de una empresa propietaria del Aeropuerto Internacional de Puntacana, si no invalida su voto en el Tribunal Constitucional sobre el acuerdo de prechequeo, que ha estado en la agenda del Tribunal Constitucional por lo menos en 8 ocasiones, de las cuales 3 han ocurrido este año, por lo menos debe llevar a inhibición sobre el asunto.
Hay antecedentes de varios casos en los que magistrados del TC han optado por inhibirse cuando se ha tocado un tema en que hay intereses envueltos que puedan sembrar dudas sobre su independencia para emitir una decisión. Se trata de de un asunto ético individual, pero al mismo tiempo corresponde al cuerpo colegiado que es el Tribunal Constitucional, y cuya independencia debe estar fuera de cualquier duda razonable, cuando se vota sobre temas delicados. Y más en este tema, en que hay asuntos vinculados con la soberanía del país y con la igualdad de condiciones para los que participan del negocio aeroportuario.
Una cosa más, y para no dejar dudas sobre la empresa Neola Industries, en la que Valera acciona como secretario, es que el presidente de esa empresa es Frank R. Rainieri Marranzini.