Al caos del tránsito vehicular en las grandes ciudades, principalmente en Santo Domingo y el Distrito Nacional, hay que sumar dos elementos gravísimos, que todo el que quiere verlo lo encuentra con frecuencia en las calles:
Los agentes de tránsito, responsables de jugar un rol de poner el orden y de dar el ejemplo, son los primeros que en el desempeño de sus funciones incumplen las normativas del tránsito. Se mueven en vías contrarias, no respetan los semáforos, y si se empeñan en sancionar algún conductor por una situación extrema, no les importa incrementar -con su proceder- el entaponamiento.
Adicionalmente, los agentes del orden público en general tampoco cumplen sus obligaciones de respetar las reglas, de proteger a las personas, de evitar las vías contrarias o las luces rojas: Son los primeros en violar esas normas, porque se sienten con la autoridad para hacerlo, y no les importa que los demás los observen.
Eso quiere decir que los vehículos oficiales, en general, por tener placas oficiales se creen exonerados de cumplir las normativas del tránsito vehicular y sus conductores creen que por ser parte de las autoridades o representar una entidad estatal no deben la obligación de cumplir las normas del tránsito.
Incluso, los agentes de tránsito si detienen a algún motociclista o conductor de vehículo, no importa la violación que hayan cometido, si son policías o militares o son de alguna entidad estatal están exentos de cumplir las normas y no les aplican sanciones.
Y no se trata solo de este gobierno. Hemos dicho que esas costumbres están metidas en la conducta de los dominicanos y forman parte de nuestra idiosincrasia. Si se es autoridad o se le representa, se puede violentar las normas de tránsito. Ese es un gran obstáculo para poner orden en el desorden que nos coloca como uno de los países con mayor letalidad en accidentes de tránsito.
El otro asunto, también relacionado con el Estado y los roles que corresponden a las instituciones que lo forman, es que los vehículos asignados para el desplazamiento de empleados y personal encargado de hacer cumplir con la ley, son los más agresivos, desaprensivos y los vehículos que se destruyen con mayor rapidez.
Por ejemplo, los vehículos en manos de la Policía Nacional tienen una duración corta, porque los chocan, los conductores no los cuidan ni les dan mantenimiento, y eso va afianzando una cultura de destrucción de bienes públicos que sigue muy fuertemente expandiéndose en muchas otras instituciones.
Y debemos reiterar que al cerrar las tardes, luego de las 6 horas, los agentes policiales de tránsito vehicular se van de sus puestos y todo queda a merced de los semáforos y de la decencia o indecencia de los conductores. Es el ¡sálvese quien pueda! del tapón de todos los días.
Insistimos que hace falta una política pública integral, que contemple estos elementos como parte de los problemas a los que nos enfrentamos para ofrecer seguridad a los conductores y reducir los accidentes y daños mayores que ocurren en perjuicio de todo el que conduce vehículos y motocicletas en la República Dominicana.