Como debía esperarse de la Dirección General de Compas y Contrataciones Públicas, su director Carlos Pimentel Florenzán ha dado la cara frente al contrato suscrito por el Intrant con la empresa Transcore Latam, por una suma superior a los 1,317 millones de pesos, y que fue investigado determinando la comisión de múltiples irregularidades.
Carlos Pimentel es un joven abogado, funcionario público, valiente y responsable. Ha ofrecido informaciones y presentado documentos que evidencian el seguimiento que ese organismo dio al proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y las advertencias que hizo sobre las irregularidades que se acumulaban.
Evitándole problemas a un gobierno que aspira a la transparencia, Pimentel y la Dirección General bajo su cargo está identificando las irregularidades, las está citando, y ha dicho que la decisión del organismo oficial conocido como Intrant es nula por las irregularidades cometidas, y sus responsables deberán responder ante la Procuraduría General de la República.
Compras y Contrataciones decidió entregar el expediente del INTRANT a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y al mismo tiempo continuar otras investigaciones que no han concluido.
Este gobierno no puede ni debe avalar un caso de corrupción de tantas y variadas dimensiones, en el que “hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento como falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas”, lo que obliga a Compras y Contrataciones “a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados”.
Fue más lejos el licenciado Carlos Pimentel: Identificó en los documentos conexos con la operación una decisión de vínculo especial de Transcore Latam con la empresa DeKolor, que obtuvo un contrato de emisión de licencia de conducir -también controversial, en la pasada administración- en donde aparece la figura del señor Jochy Gómez, quien sería el cabeza o responsable principal de la empresa adjudicataria del contrato, públicamente presidida por el señor Pedro Vinicio Padovani Báez, supuesto propietario de la empresa Transcore Latam, SRL.
Es la primera vez que aparece este nombre del empresario Jochy Gómez en este controversial expediente.
El gobierno del presidente Luis Abinader hará todo cuanto esté a su alcance para evitar que un caso tan extravagante como este, con irregularidades locales e internacionales, con actores de múltiples pelajes, se convierta en una piedra de ataques a la pulcritud que ha reclamado y caracterizado al actual gobierno, y mucho más en medio de un proceso electoral que pudiera tener efectos nocivos para los tomares de decisiones oficiales.
Carlos Pimentel está haciendo un brillante servicio al país y al gobierno. Está tomando decisiones que inmunizan a la administración pública de ataques por el flanco de la transparencia. Es cierto que habría gente cercana a funcionarios públicos, y que habría personas que estuvieron cerca del PRM en la campaña electoral, que estarían siendo perjudicadas con las decisiones de Compras y Contrataciones. Pero de eso se trata. Quienes cometen, casi siempre, los actos irregulares en los gobiernos con los amigos, los aliados, los que se fajaron en la campaña, pero que no tienen el mismo temple ético y moral que los que gobiernan o los que fueron designaciones para impedir que haya manejo dispendioso con los recursos del Estado.
Ahora habría que esperar que la PEPCA investigue y anuncie los resultados de su búsqueda, y proceda penalmente como corresponde, siempre en aras de la justicia y la transparencia, y respetando la presunción de inocencia, como establece la Constitución de la República.
En este caso también hay elementos públicos de falsedad de escritura, simulación, sustitución y robo de identidad, extorsión y amenaza contra la paz pública y la seguridad ciudadana.
Todos estos elementos tienen que ser investigados, y merecen una respuesta completa del Ministerio Público. La impunidad no puede esconderse ni preservarse en situaciones de tanta gravedad. Los funcionarios de la entidad pública utilizada -el INTRANT- también deben formar parte del expediente si se encontrara que fueron parte del entramado, y no víctimas de sujetos amparados en el anonimato o en la sombra.
La decisión correcta del Palacio Nacional debe ser la de permitir que los mecanismos institucionales de investigación y castigo del crimen actúen, sin tropiezos ni limitaciones. Este es un caso importante porque se trata de un propósito para burlar la transparencia en un gobierno que ha sido protagonista reclamando transparencia y lucha contra la impunidad. Carlos Pimentel ha cumplido responsablemente la responsabilidad que tiene, y las autoridades tienen que ofrecerles los medios de seguridad y protección que necesite, para él y su familia, ahora y en el futuro.