Desde ya, y en medio de un proceso electoral, hay mucha gente pensando y trabajando en función de un cambio en la política fiscal dominicana. No importa quien resulte electo en las elecciones presidenciales de mayo próximo.
Los políticos que aspiran a ganar la presidencia de la República no hablan de ese tema. Es una cuestión delicada, que podría dañar candidaturas, pero si son responsables, deben tener la seguridad de que es urgente e impostergable un cambio en la política fiscal.
Ese cambio implica que el Estado debe aumentar sus ingresos, para atender las crecientes demandas de servicios de la sociedad y cumplir con las demás responsabilidades que le corresponden.
La política fiscal capta los recursos necesarios para ayudar en la redistribución equitativa, y que los ciudadanos que menos tienen sean compensados por los que más tienen. También aborda la delicada cuestión del gasto público. Se gasta lo que se recauda. Si se gasta más de lo que se recauda entramos en déficits.
Debe pagar más impuestos quien más gana y quien más puede comprar. Los impuestos sobre la renta y los impuestos a la propiedad resultan fáciles de cobrar, pero hay sinuosidades y evasión, porque se trata de impuestos directos.
Una disyuntiva que tiene el sistema tributario dominicano es que se ha establecido una gran cantidad de exenciones. Lo que finalmente ha terminado denominándose “gasto tributario” y que va en beneficio del turismo, las zonas francas y la industria textil, el sector eléctrico, la frontera, y determinados productos de amplio consumo popular que se venden en farmacias, mercados y colmados.
Se ha dicho que el sistema fiscal dominicano es complicado, porque a los gobiernos y a los legisladores no les gusta eliminar impuestos que caen en desuso. Incluso aquellos que se establecen por un tiempo determinado, se quedan para siempre. Hay impuestos que recaudan poco, y resultan más traba burocrática que montos importantes para el recaudo público.
Se ha dicho que la presión tributaria dominicana está muy por debajo de los países de la región: 14.5%, mientras el promedio de ALC es de 19%.
La aspiración de cualquier gobierno sería aumentar la presión por lo menos un 2%. La cuestión es cómo hacerlo sin afectar la economía popular, sin afectar a los más débiles. Los más ricos se resisten a que les aumenten los impuestos. Por eso, como un sándwich, en medio queda la clase media.
Los ricos y empresarios reclaman al gobierno mejorar la calidad del gasto. Que haya menos robos y más prudencia en la inversión del dinero público. Este gobierno ha reducido la corrupción, ha sido prudente en los desafueros de funcionarios, y del propio presidente y su equipo, y por tanto ese reclamo resulta inadecuado. Veremos qué reclamo hacen los miembros de los sindicatos empresariales.
Un filón que tiene el gobierno es el gasto tributario, que representa aproximadamente un 5% del PIB. Eso es mucho dinero, aproximadamente 250 mil millones de pesos por año. Si se quitan los incentivos se desprotege el crecimiento en el turismo, las fronteras, el empleo de zonas francas. En gasto tributario estamos por encima de los países de ALC.
El gobierno de Luis Abinader ha intentado en dos ocasiones reformas integrales tributarias. La última la hizo el gobierno de Danilo Medina en 2012, básicamente para aumentar los ingresos. No redujo el gasto, y la corrupción fue significativa.
La evasión fiscal se mantiene sobre el 40%. Reducirla es una tarea complicada. A nadie le gusta pagar impuestos, y siempre hay caminos peligrosos para evadir, más cuando se tiene influencias políticas en todos los gobiernos. (Se entienden las razones por las que grupos del sector privado invierten en campaña electoral).
Una cosa podría ser que se planteara una reforma en plazos más largos que los acostumbrados. Por ejemplo, un recorte de las exenciones fiscales en 10 años, comenzando por el 2024.
Otra salida podría ser reducción gradual del ITEBIS y ampliación de la base impositiva a productos como medicamentos, alimentos y otros que han quedado exentos y que permiten con frecuencia la evasión.
Establecer un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, al que no hay que dedicar mucho tiempo y recursos, pero que amplíe tanto como sea posible la recaudación en pequeña escala.
Mejorar tanto como sea posible el impuesto a las ganancias de capital, y revisar con mayor eficacia las declaraciones de las empresas que año tras año, sin excepción, declaran pérdidas y sus propietarios siguen viviendo como reyes.
Como estamos ante una situación delicada, de la que se habla poco públicamente, pero por lo bajo se discute y se planean múltiples tareas, es bueno que se discuta en medio del proceso electoral, cuáles son las propuestas de cada candidato presidencial sobre una posible, y necesaria, reforma fiscal integral. Tienen la palabra.