La presidenta de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, magistrada Fátima Veloz, dictó medidas de coerción a las personas imputadas por el Ministerio Público en la llamada Operación Camaleón.
Todo ha sido muy rápido. Y la justicia ha correspondido con la solicitud del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra los principales imputados en ese caso, que desde ya resulta complejo, y cargado de mensajes directos y subliminales.
El tribunal dictó 18 meses de prisión preventiva contra Hugo Beras, ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de las empresas Aurix S.A.S. y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT en nombre de la empresa que él encabeza, Transcore Latam.
El país está atento a este proceso, pese a que está en marcha la reforma de la Constitución de la República, la propuesta de reforma fiscal del gobierno y ahora la entrada del tema de la reforma laboral, además de la deportación masiva de inmigrantes haitianos.
Entre los imputados y señalados por el Ministerio Público hay personas con manejo de mucha información confidencial. Y se tiene entendido que esas personas imputadas utilizarán información privada, de empresarios y ciudadanos, tanto del poder judicial, del Ministerio Público, del sector privado, como ya ha comenzado a ocurrir en declaraciones de abogados, y en publicaciones en las redes sociales.
Corresponde actuar con rapidez. Pese a que el tribunal de Atención Permanente dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra las tres personas principales del caso Camaleón, se trata de un proceso que a partir de ahora irá dejando tras de sí una historia de infamias, chantajes, vulgaridades y violación de la correspondencia privada de ciudadanos y funcionarios, incluyendo videos, que destaparían una situación parecida a los escándalos por los Vladivideos de Vladimiro Montesinos en Perú, en el régimen de Alberto Fujimori. Lo ideal sería que el Ministerio Público no tarde tanto completando su investigación, reuniendo las pruebas y presentando la acusación penal, sin esperar a que los 18 meses de prisión preventiva concluyan.
Ya se ha podido constatar que medios de comunicación, como Diario Libre, han sido víctimas de rastrerías incalificables contra miembros de la familia propietaria de esa empresa, con el clarísimo objetivo de silenciar al diario.
Ya un abogado comentó sobre la vida privada de un miembro del Consejo del Poder Judicial. Esa es la tónica de esta cuestión, que nada tiene que ver con argumentos jurídicos, sino con extorsión pública, deliberada, abierta, para que todo el país se silencie y permita que las actuaciones que están comenzando a ser castigadas puedan continuar su agitado curso. Y no puede ser. Tampoco podría contemplarse, y lo decimos desde ahora, la posibilidad de la negociación, la transacción o el abandono de la acción penal que ha sido iniciada. Este es un caso que debe servir de ejemplo a muchos otros sujetos que actúan y se coaligan para acciones delincuencias de violación de la privacidad de las comunicaciones.