La Operación Calamar se dio a conocer en marzo de este año. Los implicados de mayor renombre fueron Donald Guerrero, ex ministro de Hacienda, Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, y varias personas clave en el entramado que distrajo por lo menos 19 mil millones de pesos en todo el proceso de sustracción de recursos públicos.
La investigación había iniciado en 2021, un año después de estos personajes haber concluido su misión como funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, y luego de Gonzalo Castillo perder las elecciones como candidato presidencial del PLD, el 5 de julio del 2020.
Otros implicados fueron arrestados, entre ellos el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Las fuentes de información del Ministerio Público fueron varios participantes de los actos imputados, que ventajosamente negociaron acuerdos de de exclusión, tanto de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, como la exclusión de la acción penal que se solicitaría ante el tribunal de fondo que conociera el expediente.
El país ha sido testigo de los reclamos que realizan José Ramón Peralta y Donald Guerrero, para cambiar su condición de prisión preventiva, a diferencia de Gonzalo Castillo que obtuvo un veredicto de prisión domiciliaria, en lo que el juicio se lleva a cabo.
Por las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público, quedó en evidencia que las fuentes más contundentes y la documentación entregada provenía de los señores Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña. Quedó muy claro, de acuerdo al relato que hizo el Ministerio Público, que Mimilo, Crisóstomo y Ureña, fueron parte del entramado, administraron recursos, recibieron miles de millones de pesos, dispusieron de ellos, y acordaron con las autoridades devolver ese dinero y aportar las pruebas para consolidar la acusación contra los ex funcionarios gubernamentales.
Ni Crisóstomo, ni Mimilo, ni Ureña fueron incluidos en las solicitudes de medidas de coerción del Ministerio Público, del 21 de marzo de este año.
Aparte de estos tres, que son testigos clave del proceso, otros 14 imputados admitieron su responsabilidad ante el Ministerio Público. Fueron los siguientes:
Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila, Víctor Matías Encarnación, Luis Omar Fernández Figueroa, Yajaira Brito Encarnación Brito, Ramón David Hernández, y Claudio Silver.
Para la mayoría de estas personas, el Ministerio Público solicitó prisión domiciliaria, pero para los tres testigos estrellas no se pidió absolutamente nada.
Han pasado siete meses desde que se emitieron las decisiones del tribunal con las medidas de coerción, y el país aún no ha conocido que el Ministerio Público presente la naturaleza de los acuerdos con Mimilo, Crisóstomo y Ureña.
¿Cuánto es el monto que deberán devolver del dinero sustraído?
¿Cuál es la pena que tendrán que pagar por sus actos delictivos?
¿Cuál es la condición que tienen en este momento y en los siete meses que han transcurrido?
En caso de enfermarse, cualquiera de ellos, ¿cuál es la condición que tienen ante las autoridades del Ministerio Público?
Estas personas ¿ya devolvieron el dinero que se comprometieron a devolver?
¿Seguirá vigilando el Ministerio Público los movimientos y actividades de estas personas?
¿Son ciudadanos normales, en plena libertad, para salir del país, vacacionar, distraer fondos, seguir realizando actividades comerciales como ciudadanos comunes y corrientes?
Son muchas las preguntas que hay que hacer sobre la naturaleza de la libertad que gozan estos señores. Y sería bueno saber si el Ministerio Público planea, en su cronograma, dar a conocer los acuerdos con estos señores. Si, por desgracia, uno de ellos falleciera en estos momentos -por ejemplo a causa de un dengue- ¿en qué pie quedaría el Ministerio Público con las pruebas que esta persona haya entregado?
Acento ha defendido siempre el trabajo del Ministerio Público en esta gestión, y ha respetado y respaldado la idoneidad de la presente administración del Ministerio Público. Sin embargo, este organismo tan importante para la transparencia y la persecución de la corrupción, está en la obligación de rendir cuentas sobre la naturaleza de los acuerdos con Mimilo Jiménez, Fernando Cristóstomo y José Arturo Ureña, porque el privilegio que han tenido estos señores sobrepasa, con mucho, al de las 14 personas que han confesado su participación y que han testimoniado la forma en que se movía el dinero en la Operación Calamar.
El país espera conocer los datos en manos del Ministerio Público sobre estos encartados y colaboradores, que por la importancia de su colaboración se les ha privilegiado, pero no se les han perdonado sus crímenes.
El país, que ha respaldado al Ministerio Público y que tienen un altísimo respeto por su trabajo y su entrega, tiene que saber qué está pasando con los señores Jimenez, Crisóstomo y Ureña, y si es que aún no es el momento de dar a conocer los beneficios que se les están concediendo y las devoluciones de lo robado que se comprometieron a cumplir. En aras del apoyo que siempre han recibido las dignísimas autoridades del Ministerio Público, es necesario que aclaren esta cuestión.