La próxima salida de Milton Ray Guevara de la presidencia del Tribunal Constitucional ha generado elogios, valoraciones y ponderaciones, desde distintos ángulos, que respetamos.
Los abogados constitucionalistas, especialmente los más reconocidos, coinciden en que la labor fundacional de ese tribunal del doctor Ray Guevara es positiva.
Le atribuyen su interés por la divulgación de la Constitución de la República, por el conocimiento de la población del instrumento fundamental que norma nuestra vida institucional.
Otros valoran las sentencias que se emitieron en durante su trayectoria de 12 años al frente del TC. Y los hay quienes le brindan apoyo por el reclamo que ha sostenido de que los gobiernos respeten las decisiones del TC, y cumplan las sentencias que desde allí se emiten, en ocasiones condenando a instituciones del propio Estado.
Numerosos tomos, recopilatorio y analíticos, se han publicado sobre la jurisprudencia creada por Milton Ray Guevara y el TC en los últimos 12 años. Algunas decisiones innovadoras, fundadora de nuevos derechos en una sociedad que va avanzando, y no precisamente al ritmo en que lo hacen nuestros legisladores.
Claro, no se trata de que el TC haya estado legislando en los últimos 12 años. Pero precedentes importantes los ha habido.
Este medio fue sometido ante el Tribunal Constitucional, por un ciudadano que estaba reclamando el llamado derecho al olvido, y pretendiendo que se borraran de la base de datos nuestra, informaciones donde se describen los delitos cometidos.
La sentencia se emitió en el 2020, en favor de Acento, y está numerada como TC/0171/20, en la que se reconoce que tal derecho al olvido no existe en la Constitución Dominicana, y que si el medio tiene una fuente creíble y sustentada de la información el borrado que se solicita es improcedente y lesiona el derecho a la información de la ciudadanía.
Hay otras sentencias favorables a los derechos, que nacieron en ese TC presidido por el doctor Milton Ray Guevara, pero también las hay que han creado serios problemas al Estado, a la sociedad y han conculcado derechos fundamentales y destruido vidas de ciudadanos. Esas sentencias tienen mucho peso en el balance que se haga de la gestión de Ray Guevara.
Mencionamos dos, que resultan altamente cuestionables y que aún siguen generando división y controversia en el mundo de hoy, y que colocaron al país en serios aprietos: La sentencia 168-13, de desnacionalización de más de 200 mil personas de ascendencia haitiana, y la sentencia 256-14, de desvinculación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En ambos procesos el país debió reaccionar y quitarse de encima la presión mundial. Especialmente con la sentencia 168-13, de desnacionalización de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana. El TC creó apátridas, y provocó condenas muy fuertes al país. Fue necesario consensuar la ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
Con la decisión 256-14, igualmente se creó un limbo que aún persiste, porque los dominicanos quedaron, para el TC, excluidos de la vinculación del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero para la Corte esa relación aún se mantiene, pese a la sentencia dominicana, auspiciada por el doctor Ray Guevara y sus acompañantes.
Es cierto que existen grupos radicales, y nacionalistas, que abominan de la presencia de RD en los organismos multilaterales, y en particular de órganos como la Corte Interamericana, pero esas posiciones son radicalmente contrarias al interés de la mayoría de la nación, y del reconocimiento de que el constitucionalismo es un recurso universal, que beneficia, en vez de quitar derechos.