Ante la decisión del Tribunal Constitucional, de anular la resolución 14-2022 del ministerio de Trabajo, lo que corresponde ahora es que el gobierno tome, con voluntad política, el desafío en sus manos y decida presentar el proyecto de ley ante las cámaras legislativas, para que sea conocido y aprobado y se convierta en ley, como requiere la sentencia del Tribunal Constitucional.
El gobierno tuvo la decisión de adoptar la medida de regular el trabajo doméstico, establecer condiciones laborales dignas, vacaciones, atención en salud, inclusión en la Seguridad Social de este personal, y con ello cumplir con una de las promesas de campaña electoral. Esa voluntad no puede declinar por la anulación de la resolución.
El Tribunal Constitucional no ha tocado el contenido de la resolución. Lo que dispuso es que una disposición de esta naturaleza debe cumplir con las normas legales, y en este caso no es al ministro de Trabajo a quien corresponde emitir la resolución, sino al Congreso Nacional a quien se demanda aprobar las disposiciones incluidas en la resolución, pero mediante una ley, que debe ser conocida y aprobada por los diputados, senadores y promulgada por el Poder Ejecutivo.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional retrasa la obtención de una conquista representativa para el sector laboral femenino, pero no impide que el gobierno y los ministerios involucrados continúen apostando por ese acto de justicia, necesario y urgente.
El gobierno y su partido deben apostar a un proceso efectivo y rápido, sin amplias discusiones, para que la mayoría que tienen en ambas cámaras puedan aprobar la pieza con los debates estrictamente necesarios, y que el Poder Ejecutivo la promulgue y se convierta en una política pública, libre ya de cualquier impugnación por vía del Tribunal Constitucional
Esta decisión legislativa podría pasar con rapidez. La oposición no luce que tenga obstáculos con una pieza de justicia social que, en la práctica, ha sido consensuada ya por el amplio esfuerzo adelantado por el ministerio de Trabajo.