Este miércoles, en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, una de las testigos de cargo del Ministerio Público para el caso de corrupción conocido como Antipulpo hizo unas revelaciones que espantan.
Enlly Santos, quien fue auditora externa de la la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dio testimonio de que el pleno de la Cámara de Cuentas dispuso el cambio de actas de auditorías levantadas a la administración del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en 2019.
Santos explicó que el entonces director de auditoría de esa institución, en la gestión de Hugo Álvarez, le prohibió hacer levantamiento de la nómina del Fonper "sin ninguna explicación".
Santos dijo que no aceptó la decisión hecha por el funcionario, por lo que manifestó inconformidad, y que debido a esa causa, en 2023, se acercó a los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), para informarles lo ocurrido.
Los acusados en este expediente son el exministro de Salud Pública, Lorenzo -Freddy- Hidalgo, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, Fulvio Antonio Cabrera, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea, Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca, Paola Molina, Fernando Rosa y la empresa RyT, José Dolores Santana, Wacal Vernavel Méndez, Carmen Magali Medina Sánchez, Rafael Antonino Germosén Andújar, José Miguel Genao, la compañía Editorama y Juan Alexis Medina Sánchez con empresas de su propiedad.
Todos son acusados de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos. También se les acusa de coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
De este y otros casos de grave corrupción en que incurrieron funcionarios y allegados en pasados gobiernos, con total impunidad, sin que ninguna autoridad se dieran por enterada y, mucho menos, ordenara que cesaran los saqueos, se arriba a la pasmosa conclusión de que la cosa pública era una especie de botín para reparto entre pillos.
Y, necesariamente, debemos reflexionar sobre el valor de que servidores públicos probos estén hoy a cargo del Ministerio Público, sobre todo en la Procuraduría General de la República.