La decisión del gobierno de realizar deportaciones masivas de migrantes haitianos sin documentación ha comenzado a generar reacciones en amplios sectores de la sociedad dominicana.
La Conferencia del Episcopado Dominicano, a través de su comisión permanente, emitió un llamado de atención sobre las implicaciones de las deportaciones y las violaciones de los derechos humanos.
Los cuatro puntos abordados por los obispos son de impacto local e internacional y bien pudieran ser tomados en cuenta por las autoridades:
1. Reconociendo el derecho que le asiste a cada nación de aplicar sus leyes y políticas migratorias, exhortamos a nuestras autoridades que, en la ejecución de estas, se aseguren de realizarlas desde la justicia y el respeto a la dignidad humana.
2. Nuestra frontera no debe ser un escenario de corrupción, donde los llamados a custodiarla se conviertan en mercenarios. Nos preguntamos ¿por dónde entran los ilegales haitianos? ¿quiénes les permiten entrar sin la debida documentación? ¿qué pasa durante el proceso de detención de los indocumentados?
3. La República Dominicana, como nación cristiana, debe evitar que se presenten situaciones dolorosas que afecten a los migrantes, como el trato injusto, las deportaciones arbitrarias y las separaciones familiares. Recordemos que hemos extendido nuestra mano solidaria al pueblo haitiano ante cualquier catástrofe, por lo tanto, debemos mantener esa actitud caritativa.
4. A la comunidad internacional, reiteramos que no se olvide de Haití, cumpliendo con los acuerdos concertados en diferentes foros y que tienen como objetivo superar la crisis humanitaria, social, económica e institucional que el país hermano y vecino está enfrentando.
El obispo emérito de la Iglesia Anglicana, Teléforo Issac, hizo un llamado a un diálogo para que el gobierno contemple aspectos humanos que van al fondo de las deportaciones. Y dijo que “la situación del crecimiento del problema migratorio y, especialmente de los "apátridas", tiende a distorsionar la visión positiva que tiene la comunidad internacional respecto a la República Dominicana. Lo que está ocurriendo ahora, erosiona el sector turístico y socaba al mismo tren gubernativo.
Es mi opinión, que se organice con urgencia un diálogo o espacio de reflexión, con la participación de dirigentes eclesiales en el país, con la finalidad de que sus oraciones, enseñanzas, prédicas, y testimonios, sirvan de ejemplo para detener la campaña de odio, y la aparente tendencia que va en aumento de posibles actos de violencia. Se debe y se puede tomar acciones de apaciguamiento”.
El obispo de la diócesis de La Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, ha retomado la idea, y sugiere que el diálogo en este momento es necesario. Hay sectores como los productores agropecuarios, industria de la construcción, servicios y sector turístico que sienten la situación podría afectar la economía.
Lo que Monseñor Castro Marte ha dicho es lo siguiente:
Urge la cultura del diálogo con respecto a las deportaciones de haitianos. Hay que aplicar la Ley de Migración, con respeto, sin afectar el desarrollo. Los constructores de riquezas nacional están demandando diálogo para generar acuerdos. La producción de alimentos se resiente…Deben generarse las condiciones laborales en general, donde se respete la cuota de Ley, sin abusos y con la prevalencia del respeto a la dignidad humana. Debe ser acuerdo de todas las partes.
La comunidad internacional comienza ya a movilizarse respecto de las deportaciones de haitianos, y se promueven desde ya documentos acusando a la República Dominicana de aplicar políticas racistas y de odio hacia la comunidad haitiana. El propio gobierno de Haití ya se moviliza en actividades de denuncias ante organizaciones como la OEA.
El embajador de Haití ante el Consejo Permanente de la OEA, Gandy Thomas, pidió a la OEA "reconocer esta política de deportación como lo que es, una campaña discriminatoria dirigida contra los haitianos por razón de su nacionalidad y color de su piel”.
Ante las Naciones Unidas el presidente Luis Abinader anunció que tomaría decisiones de protección de la soberanía dominicana si la comunidad internacional no se movilizaba en apoyo a la reducción de la fragilidad en Haití, que lesiona a la República Dominicana.
Como las deportaciones masivas generan inquietudes y críticas de sectores productivos nacionales, y como hay que responder a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el gobierno debía escuchar otras voces, y considerar la posibilidad de poner en marcha políticas menos drásticas que las deportaciones masivas.