El presidente Luis Abinader dijo el pasado viernes, en un almuerzo con periodistas, que simpatiza con el proyecto de reforma de la ley electoral presentado por la Junta Central Electoral (JCE).

Unos días antes el presidente se había reunido con el pleno de la JCE y le transmitió muy buenas noticias: Dispondría de 2 mil millones de pesos para cubrir el déficit del 2022 del presupuesto de ese organismo, y con miras al 2023 aumentaría en 2 mil 500 millones la entrega de fondos, para que el organismo pueda cumplir con sus compromisos y organizar unas elecciones municipales, congresuales y presidenciales en 2024 sin traumas y sin precariedades.

José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia, dijo que su organización está dando instrucciones a los legisladores para que en la Cámara de Diputados traten de lograr el consenso y aprobar una pieza que ayude al proceso electoral.

Participación Ciudadana rechazó las modificaciones realizadas por los senadores cuando aprobaron la pieza, el 23 de diciembre de 2022, y en particular dijo que no es admisible el artículo 27 que le fue agregado porque reduce el rol y la capacidad de la JCE para supervisar y sancionar a los partidos que incumplen las normas de transparencia de las elecciones.

La pieza está en manos de los diputados en este momento. Y por lo visto los partidos quieren despojar a la JCE de su capacidad de supervisión, además de que otorga poderes inadecuados a los partidos sobre el organismo electoral y se convertirían “en una especie de junta de directores que mensualmente, en los años electorales y cuatrimestralmente en los no electorales, supervisaría y tendría facultad para aprobar o rechazar, es decir, aplicaría censura previa a las decisiones del órgano responsable de la organización de las elecciones”.

Lo dicho por la organización es preocupante, y al parecer el presidente quiere evitar este tipo de crítica. PC dijo que “Es realmente asombroso que los senadores pretendan que los partidos pasen a dirigir y supervisar los asuntos electorales, asegurándose de que solo pase lo que les conviene y de bloquear todo lo que los somete al orden. Adicionalmente, para debilitar más a la JCE, se eliminaría la facultad que tiene de dictar medidas cautelares, con lo cual se la ata de manos en su capacidad de actuar con presteza y evitar violaciones a la Ley”.

Los partidos tienen que mirar lo que acontece en el ámbito latinoamericano. La democracia puede ser débil y se debilita más por los errores que cometen los políticos y legisladores. En Perú y en Brasil hay serias dificultades, y se achaca la responsabilidad a los partidos, porque aunque reclaman democracia, cuando ejercen el gobierno no actúan con la responsabilidad que debían hacerlo.

La JCE preparó un proyecto de ley consensuado, que debía ser mejorado en su calidad democrática, no atrapado y reducido en su capacidad de supervisión. Resumimos las críticas de PC al documento aprobado por el Senado:

Reducción de los topes de los gastos de campaña por partido y por candidatura. Los topes de gastos establecidos en la ley actual son muy altos, lo que da como resultado un proceso electoral extremadamente costoso, factor que ha sido relacionado con la corrupción y la penetración de dinero ilícito. La propuesta de la JCE plantea una escala de gastos más razonable y acorde con la economía del país. Naturalmente esta propuesta fue ignorada por los senadores.  

Reducción de los topes de las contribuciones individuales. Las contribuciones individuales que pueden recibir los candidatos son muy altas, con lo cual muchas de ellas adquieren el carácter de eventuales hipotecas del patrimonio público y penetración de dinero ilícito. El país daría un gran paso adelante disminuyendo esos altos montos que superan los establecidos en naciones ricas.  

Obligación de los candidatos de presentar informes de gastos. En nuestro país, la mayoría de las contribuciones son recibidas individualmente por los candidatos, sin obligación de dar cuenta de las mismas, ya que la Ley actual solo pide informes de los partidos y organizaciones políticas. Junto a las dos propuestas anteriores, los informes individuales conformarían un conjunto de medidas dirigidas a reducir la entrada de dinero ilícito, la inequidad, la corrupción y la impunidad. 

Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical en las listas de candidatos y candidatas. El Senado desechó la propuesta presentada por la JCE, que permite una mayor garantía de respeto al derecho de las mujeres y a la ruptura de la discriminación.  

Fórmula de repartición de escaños más democrática. Este fue otro paso de avance dejado de lado por los senadores. En especial, el país necesita mejorar la distribución de los escaños para diputaciones, ya que la actual se ha prestado para injusticias y conflictos.  

Sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes. Al dejar estas violaciones fuera de los delitos electorales, el Senado no contribuye a que se avance en este sentido, ya que no implican consecuencias.  

En diversas ocasiones en estos dos últimos años, Participación Ciudadana ha establecido sus aspiraciones y propuestas de cambios en las leyes electorales. Apoyamos el proyecto de la JCE; participamos en el diálogo al interior del CES; visitamos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en búsqueda de un acuerdo para avanzar y recibimos promesas de que sería satisfecho el reclamo nacional de mejorar nuestro régimen electoral y de partidos. 

Participación Ciudadana solicita a la Cámara de Diputados corregir los graves errores y omisiones en el proyecto de modificación del régimen electoral. Las pasadas elecciones mostraron serias deficiencias en esta Ley y en la de partidos políticos. Es necesario que sean reformadas cuanto antes, con tiempo para ser aplicadas en el próximo proceso electoral, pero esa reforma debe ser para avanzar.

En especial, llamamos la atención del presidente de la República, Luis Abinader y del liderazgo político para que conviertan en realidad sus promesas y pretensiones de contribuir a la democracia y el fortalecimiento institucional de la República Dominicana.