La Procuraduría General de la República debía proceder de inmediato y disponer el cierre o clausura de la llamada "Carcelita", ubicada en Bellas Colinas, del sector San Miguel, en el municipio de Santo Domingo Oeste.
En esta administración ni la dirección de la Policía Nacional, ni la Procuraduría General de la República, y mucho menos las autoridades del gobierno, debían permitir la existencia de antros de abusos y violaciones de los derechos humanos como la que acaba de denuncia Rodolfo Valentín Santos, director nacional de la Oficina de la Defensa Pública.
De lo que estamos hablando es de una “cárcel" improvisada, que fue instalada para que operara como destacamento policial y con el paso del tiempo se convirtió en una "cárcel preventiva" que aloja en este momento 240 privados de libertad, en un sótano que mantiene en reclusión a personas procesadas, en condiciones inhumanas, más parecidas a la casa de los muertos que describe Fiódor Dostoyevski en una de sus novelas.
La Defensoría Pública hizo una revisión del lugar y pudo determinar que el lugar es inapropiado para servir como destacamento, como cárcel o para alojar personas, por las condiciones de insalubridad que genera, y porque los que habitan el lugar se calcinan en su interior, como si fuese un horno o un crematorio.
La nota periodística dice lo siguiente, sobre las condiciones del lugar:
A los privados de libertad que se encuentran en este sótano se les vulneran todos sus derechos como personas, sobre todo el de la salud, pues son obligados a vivir entre cloacas, sin ventilación, soportando altas temperaturas que les obligar a despojarse de su ropa. Asimismo, no reciben la luz del sol ni se les suministra alimento”.
Es el momento de que se le haga caso a la dirección de la Defensa Pública y sea cerrado este antro de degradación humana.