Pionero en la capitalización individual y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, el ahora cuestionado sistema privado de pensiones chileno podría sufrir importantes cambios si se aprueba la reforma anunciada este miércoles por el presidente Gabriel Boric.
En cadena nacional, el mandatario anunció que su propuesta contempla la creación de un modelo mixto con un aumento de la cotización del 10 al 16 % a cargo del empleador y la posibilidad de que el Estado gestione los fondos.
"Las AFP, en esta reforma, se terminan", sentenció Boric. "Existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales y, además, existirá una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores", apuntó.
Las pensiones llevan años en el ránking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
MODELO CUESTIONADO
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980), el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto.
Cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que existen.
Las AFP, empresas privadas reguladas por el Estado, obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros en los mercados, que suman cerca del 8 % del PIB chileno.
Actualmente existen siete AFP que gestionan los ahorros de los trabajadores, que al momento de afiliarse deben elegir entre cinco tipos de fondo (A, B, C, D y E) en función de su aversión al riesgo.
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales y explica en un tercio el mayor crecimiento económico que Chile ha experimentado desde 1980 en adelante, según un estudio de la Asociación de AFP.
Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema sólo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.
En 2008, se hizo una reforma y se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 % más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas.
El aporte estatal se amplió en 2021 hasta los 185.000 pesos mensuales (200 dólares).