La presidenta del consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez, resaltó la responsabilidad de la institución en el Estado social y democrático de derecho (ESDD).
En la conferencia "El rol de Procompetencia en el Estado Social y Democrático de Derecho", dictada en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FCJP-UASD), explicó la multidimensionalidad de los roles de esta entidad descentralizada.
Se refirió a la cláusula del ESDD consagrada en la Constitución, que propugna un modelo de Estado en el cual se priorice la protección efectiva de los derechos fundamentales, la separación e independencia de los poderes y, sobre todo, el respeto a la dignidad humana.
“Esta cláusula es más que eso. El Estado Social y Democrático de Derecho supone una nueva filosofía en la gerencia pública, una perspectiva interpretativa diferente de los derechos fundamentales e implica también una nueva cultura democrática. Esta filosofía impacta la forma de interpretar y aplicar la Ley, por tanto, un organismo de naturaleza sui generis, como Procompetencia, asume algunos de los roles, debe hacerlo observando los estándares o características que supone el paradigma del ESDD”, sostuvo.
La servidora pública enfatizó que el estado social y democrático de derecho no sólo es un paradigma de Estado, es una filosofía de gerencia pública, que sensibiliza a todos los actores del quehacer público y, a la vez, compromete a ser mejores servidores públicos, ciudadanos más participativos de los asuntos públicos y, sobre todo, dominicanos más comprometidos por un mejor país.
La presidenta de Procompetencia detalló las atribuciones establecidas en la Ley General de Defensa de la Competencia 42 de 2008.
Precisó que el objetivo fundamental de Procompetencia es velar por el eficiente funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia, mediante la generación de una cultura de buenas prácticas en los diferentes ramos de la actividad económica nacional, así como la promoción de políticas públicas que fomenten la competencia mediante la eliminación de restricciones al ejercicio responsable del derecho a la libre empresa.