Durante esta semana se comentó que el superintendente Bancos, Alejandro Fernández W, se habría incrementado el sueldo para pasar de RD$ 999,970 a RD$ 1,145,184. Como aclaratoria ante las informaciones publicadas , la Superintendencia de Bancos dijo que implementa una política definida en su Reglamento de Administración de Recursos Humanos.
Este documento, mencionó, fue aprobado por la Junta Monetaria del 23 de marzo de 2004, y está acorde con las disposiciones de la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley Monetaria y Financiera y otras normativas, según explicó la entidad.
El reglamento que nombró la entidad establece que “anualmente, la Superintendencia de Bancos realizará en el mes de enero un reajuste general de salario, tomando como base el índice de inflación establecido por el Banco Central”.
Es por esto que asegura que el ajuste inflacionario aprobado para todo el personal de la Superintendencia de Bancos para el año 2021 fue de 5.5 % y, para 2022, de 8.5 %.
En cuanto al aumento salarial de la consejera especial del superintendente, Marielle Antonia Garrigó, la entidad dijo que esa información es incorrecta y que a ningún funcionario se le ha aumentado el sueldo en un 129 %.
“Se ha publicado que la señora Marielle Antonia Garrigó, funcionaria de esta institución, ha recibido un ajuste salarial de 129 % al supuestamente pasar de devengar un salario de RD$ 237,500 en 2020 a RD$ 543,979 en 2022. Esa información es incorrecta”, puntualiza.
Sostuvo que quien divulgó al información tomó el dato de la nómina de septiembre de 2020, donde se reflejaba solo una proporción del salario de dicha funcionaria, que había ingresado a mediado de ese mes. Para entonces su salario mensual ascendía a RD$ 475,000.
“En las nóminas publicadas en la web de la Superintendencia se puede verificar que este salario corresponde a la escala vigente de asesores, y que ha recibido estrictamente los ajustes por inflación aplicados a todo el personal”.
Mientras, la institución ha comunicado que se compromete a evaluar la política salarial establecida por reglamento, sin que esto afecte a su capital humano.