La Ley 42-08 marcó un hito en el sector comercial en República Dominicana, debido que fungió como un incentivo para el progreso del país y el bienestar de sus habitantes, con la oferta de bienes y servicios competitivos y de libre demanda.
Si bien esta jurisdicción es un instrumento que se enmarca en un contexto jurídico y económico evolucionado, la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, señaló que las leyes deben evolucionar y adaptarse al mercado local.
“Tenemos la necesidad imperante de revisar y actualizar la legislación para que respondan a los desafíos actuales que comprometen las competencias efectivas de bienes y servicios… Al igual que en otros países donde las leyes de defensa de la competencia han evolucionado significativamente, especialmente ante fenómenos como los mercados digitales, la legislación dominicana también requiere adaptaciones sustanciales”, consideró.
Conforme Vásquez, la ley fue concebida en un contexto “distinto”, por lo que debe evolucionar y adaptarse a las demandas de un entorno económico cambiante. De hecho, afirmó que la actualización “no sólo es necesaria, sino es imperativa para garantizar que se refleje fielmente la realidad del mercado dominicano”.
“Además del fortalecimiento institucional y de una ley de competencia acorde a los nuevos tiempos, la meta será crear una cultura de libre y leal competencia. Esta cultura de competencia requiere del esfuerzo de todos los actores como empresas, sector público, academias y sociedad civil”, agregó.
De acuerdo con la funcionaria, la competencia justa es sinónimo de eficiencia económica ya que las empresas buscan mejorar sus procesos y ofrecer bienes y servicios de alta calidad a precios competitivos.
“Celebramos el hecho de que tras la adopción de nuestra Ley de Competencia en 2008 y su entrada en pleno funcionamiento del 2017, nuestro país se ha procurado promover y garantizar la competencia efectiva en los mercados de productos y servicios a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, consideró el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Victor Bisonó.
Pero, sostuvo que el Estado y el sector empresarial tienen el compromiso de “continuar fortaleciendo las políticas de competencias”, por lo que se constituye una prioridad contar con leyes que reformen y fortalezcan su marco legislativo.
“Estas deben elegirse sobre una robusta y eficaz estructura institucional conforme a la implementación de leyes que propicien una competencia leal entre las empresas, fomente la innovación, la eficiencia y la mejora continua de productos y servicios que deriven beneficios a sus consumidores”, explicó.
Conforme Bisonó, un entorno empresarial caracterizado por la competencia leal y reglas claras “puede resultar atractivo para inversiones nacionales e internacionales”, a la vez que fomenta la innovación y mejora la calidad y la accesibilidad a los servicios del sector privado impactando así también en los servicios públicos.