En los últimos años, la energía renovable está tomando auge debido a los efectos del cambio climático y se presenta como una alternativa para asegurar las actividades productivas, comerciales y personales de una nación, además de disminuir la dependencia e importación de combustibles fósiles.
Esto queda demostrado en los 13,000 dominicanos que cuentan con paneles solares, hasta febrero 2024. Sin embargo, los incentivos para los paneles solares en solución individual han representado un costo de US$ 250 millones en la última década para el Estado y los contribuyentes. Así lo informó el exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz.
Para el economista, República Dominicana precisa de cambios normativos “urgentes” para que la generación distribuida continúe desarrollándose.
“Las modificaciones normativas y de legislación que se realicen deben permitir un mayor impulso equilibrado de la generación con paneles solares, garantizando la estabilidad, la confiabilidad del sistema y la equidad para todos los actores del mercado eléctrico”, explicó.
Díaz recomendó revisar el esquema tarifario y el cargo por el uso de la red de las distribuidoras y la política de incentivos, ya que la tecnología solar ha alcanzado una madurez suficiente, que hace innecesario mantener las facilidades fiscales.
Por falta de una normativa eficaz, los paneles solares han representado un costo significativo para las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs), por US$ 90 millones anuales en 2023, debido principalmente al autoconsumo, la falta de un cargo por potencia adecuado para los usuarios y una sobrecompensación por la energía inyectada al sistema.
“La inversión en paneles solares para soluciones individuales sigue siendo rentable sin necesidad de estos incentivos, lo que sugiere que ya no se justifican”, acotó.