El pasado 5 de agosto fue promulgada por el Poder Ejecutivo, la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales (LRF). Esta ley, que tiene por objeto “establecer las condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado”, puede considerarse como una buena y positiva declaración de intención del gobierno del presidente Luis Abinader, que en sus primeros 4 años de gestión ha manejado recursos presupuestarios ascendentes a RD$ 5.39 billones.
Hay que esperar que la LRF aprobada sea una genuina declaración de intención del segundo gobierno del presidente Abinader para fortalecer la disciplina fiscal y que no se convierta en una “regla fiscal como señal” que solo busque congraciarse con la opinión pública y ganar likes.
Tengo la impresión de que la LRF 35-24 no fue sometida a un proceso análisis técnico y de discusión pública a fondo, en la que se debatieran los lineamientos generales de lo que el gobierno y la sociedad puede aspirar en materia de reforma y disciplina fiscal.
Las disposiciones sobre los ámbitos de aplicación de las reglas fiscales, así como algunas definiciones sobre la clasificación institucional de los diferentes subsectores, áreas y subáreas del sector público que estarán sujetas a las disposiciones establecidas por la LRF 35-24, muestran ciertos niveles de confusión, que podrían presentar problema al momento de aplicar las disposiciones del marco de responsabilidad fiscal de la ley.
Análisis completo sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal No. 35-24