La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) se solidarizó con el liderazgo del sector privado de Haití en su llamado a la acción para el retorno al Estado de Derecho y la restauración de la seguridad de la vida y la propiedad en Haití.

"Este círculo vicioso de parálisis política, deterioro del Estado de Derecho, disminución de la actividad económica y creciente violencia del crimen organizado y pandillas está teniendo un impacto cruel y brutal en la vida del pueblo haitiano a la cual se le debe poner fin", expresó la AMCHAMDR en un comunicado.

Añadió que suma su voz al llamado que se le hace "a la clase política en Haití para que anteponga los intereses del pueblo haitiano a los intereses partidistas más estrechos y acuerde un camino a seguir con elecciones libres, justas y transparentes", dado que "el statu quo no es sostenible".

Por lo mismo, su texto dice que aplaude el llamado al sector privado del país vecino "a favorecer un clima de institucionalidad a través del respeto a las normas del Estado de Derecho, lo cual implica un sometimiento al imperio de la Ley, la garantía de los derechos fundamentales, una separación entre los poderes públicos y el control de la administración pública por parte de los tribunales de justicia".

El estancamiento político que vive Haití "ha socavado la capacidad del gobierno para celebrar elecciones libres y justas que son tan necesarias para la restauración de la legitimidad del orden constitucional", añade.

Sobre las pandillas, la AMCHAMDR opinó que "la escala y el alcance de la violencia" que estas generan "es tal que el gobierno ha de valerse de la cooperación internacional para su combate y eliminación, de conformidad con las normas del derecho internacional".

Impuestos

Asimismo, sostuvo que en el tema impositivo los haitianos deben volver a "operar de manera transparente y justa" y coincidir en "la urgente necesidad de contribuir con el pago de los tributos, entre ellos impuestos y aranceles".

"Igual de importante es la necesidad de mejorar la capacidad recaudatoria del gobierno bajo condiciones justas, pero a la vez firmes. Estos recursos se necesitan con urgencia para fortalecer la policía nacional y erradicar la violencia sin precedentes del crimen organizado y pandillas los cuales han aterrorizado a la población haitiana y paralizado la economía", apunta.

Empresarios haitianos

Una veintena de organizaciones del sector empresarial haitiano emitió hace una semana una declaración pública en la que subrayó lo aludido por la AMCHAMDR en los siguientes términos:

Preocupados por el deterioro sin precedentes de la situación socioeconómica y de las condiciones de vida de la gran mayoría de nuestros conciudadanos, nos interpela nuestro deber patriótico de recordar a los protagonistas económicos y políticos de nuestro país sus imperiosas obligaciones de privilegiar el interés nacional y poner fin a sus titubeos.

Todos debemos ser conscientes de que es una obligación colectiva porque la recuperación requiere del compromiso de todos.

Nuestro primer llamado en esa dirección será a las y los empresarios de nuestro país en relación con el respeto escrupuloso de sus responsabilidades fiscales y legales, la observancia de sanas prácticas comerciales, la transparencia y la competencia leal y el abandono de conductas insalubres y nocivas para la comunidad.

Nuestro segundo llamado está dirigido a los gobernantes: es vital y urgente que las autoridades fiscales cumplan, de manera pronta y eficiente, su responsabilidad de recaudar los derechos e impuestos aduaneros y el deber de hacer cumplir las leyes y reglamentos establecidos.

La importante movilización de recursos financieros que normalmente resultaría de esto será en gran parte en beneficio de la Policía Nacional de Haití (PNH).

La PNH estará así en una mejor situación moral y material para cumplir con mayor eficacia su función de mantener el orden y erradicar la creciente gangsterización del país, que afecta la libre circulación de personas y mercancías en todo el territorio, en primer lugar de los más desfavorecidos sectores de la población, siendo uno de los factores de empobrecimiento de nuestra clase media.

Queda entendido, sin embargo, que la acción esperada del Estado requiere una buena gestión de los fondos públicos.

Quienes suscribimos también hacemos un tercer llamamiento patriótico y apremiante a los protagonistas políticos, a fin de que trasciendan a sí mismos y asuman todos y cada uno los sacrificios que sean necesarios para pactar una solución justa y transparente al impasse político actual.

La situación actual es seria y exige que los actores dejen de sacar a relucir temas que provocan siempre las mismas desavenencias y terminan por marcar los mismos fracasos.

Ninguna de las partes en conflicto tiene la legalidad ni la legitimidad de hacer valer sus posiciones de manera unilateral. El país ya no puede ser rehén de los intereses políticos individuales de cada partido. Corresponde a la clase política encontrar un consenso en torno a dos temas fundamentales:

1) la lucha contra el terror sembrado por las bandas armadas y el restablecimiento de la seguridad sobre la vida y los bienes del país.

2) el retorno al orden constitucional partiendo por establecer condiciones que garanticen un proceso electoral creíble y aceptable para todos los partidos, cuya condición sine qua non sea la igualdad de condiciones para que todos los candidatos a cargos electivos en todos los niveles tengan las mismas oportunidades.

En este sentido, los suscritos consideramos necesario para esta transición una reflexión sincera y objetiva sobre las reglas del juego político, incluyendo la oportunidad de revisar en profundidad ciertas disposiciones legales y constitucionales.

Sería importante que todos los ciudadanos que estén de acuerdo con lo planteado como un grito de alarma se adhieran denunciando como  inaceptable la inacción que hoy exhiben complacidos los actores políticos, lo que contribuye al agravamiento de la inseguridad.

Posteriormente, una vez que surja un gobierno elegido democráticamente, los abajo firmantes estarán llamados a la unidad y dispuestos a discutir las principales reformas estructurales que deben conducir a una moderna gobernanza.